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La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, confirma avance en la investigación sobre licencias médicas falsas, generando reacciones divididas en la Comisión de Salud. Revelan que al menos 14 profesionales habrían comercializado 169 licencias fraudulentas desde 2020, acumulando más de 7 años de ausencias. Destaca el Hospital San José con 31 funcionarios implicados. Albagli advierte no generalizar responsabilidades. Diputados RN y DC cuestionan situación "inaceptable" y necesidad de fortalecer fiscalización. Diputada PPD respalda postura del Gobierno. Expertos abogan por controles más estrictos en emisión de licencias.
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La controversia sobre las licencias médicas fraudulentas persiste. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, dejó en claro que la investigación sobre la compra de licencias médicas falsas sigue avanzando.
Distintas fueron las reacciones desde la Comisión de Salud. La diputada PPD, Helia Molina, respaldó la postura del Gobierno; mientras que el parlamentario RN, Andrés Celis, criticó la gestión del Ejecutivo.
Continúa el debate en torno a las licencias médicas falsas que mantienen bajo la lupa la gestión del Ministerio de Salud.
Esto a raíz de que el Servicio de Salud Metropolitano Norte, revelara que al menos 14 profesionales comercializaron desde 2020, con 169 licencias otorgadas que acumuladas superan los 7 años de ausentismo.
En la misma línea, la institución que encabeza la lista de días por ausentismo corresponde al Hospital San José, con 31 funcionarios involucrados, seguido del Hospital de Niños Dr. Roberto del Río con 15 personas y el Instituto Nacional del Cáncer con 9.
Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, confirmó que la investigación sobre la compra de estos documentos fraudulentos sigue en marcha, pero advirtió que no se debe atribuir la responsabilidad a todos los profesionales del sector.
Desde la Comisión de Salud, el diputado RN, Andrés Celis, señaló que la situación es “inaceptable” y apuntó a fortalecer la fiscalización en la emisión de licencias. En tanto, el parlamentario demócrata cristiano, Héctor Barría, criticó a las tramitaciones que en muchos casos afectan a los pacientes, que luego no reciben sus devoluciones.
La diputada PPD y presidenta de la Comisión de Salud, Helia Molina, compartió las palabras del Gobierno y apuntó en contra de los involucrados en la polémica.
Según expertos, este escándalo pone en evidencia la urgencia en reforzar los controles sobre la emisión de licencias médicas en el sector público.
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