El ministro de Hacienda, Mario Marcel, estima que producción del litio aumentará en un 70% de aquí a 2030, si es que se implementa la estrategia nacional del litio.

La Estrategia Nacional del Litio fue nuevamente tratada en el programa “Gobierno informa”. En la instancia, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “Chile va a aumentar significativamente su producción de litio en la próxima década”.

El secretario de Estado destacó que el acuerdo entre Codelco y SQM va a ocurrir -relativamente- en el corto plazo y, por su parte, afirmó que en el mediano, se logrará un aumento de producción superior al 70% para 2030 gracias al desarrollo de nuevos proyectos.

Al ser consultado por el atraso en la implementación de la estrategia del litio, el titular de Hacienda señaló que, si bien hubo una demora, se debe al fracaso en la licitación de contratos especiales de operación de litio, impulsada por el Gobierno anterior, al no poder efectuarse por la ausencia de consulta indígena.

Sus palabras hacen referencia a dos fallos de la Corte Suprema que -en 2022- dejaron sin efecto la licitación del litio que se llevó adelante durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, después de recursos de protección presentados por comunidades indígenas.

En la misma instancia, la ministra de Minería, Aurora Williams, además de referirse a los Salares de Atacama y Maricunga, donde el Estado tendrá participación mayoritaria mediante Codelco, también se refirió a la molestia de empresas privadas.

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Este es el caso de Soria Mineral, que -recordemos- alertaron respecto a eventuales acciones judiciales por parte de los dueños de las pertenencias mineras en depósitos que sean incorporados al proceso de licitación.

En este contexto, la ministra Williams declaró que “los objetivos que tiene esta estrategia están debidamente explicitados” y declaró que el Gobierno no busca una licitación inmediata, sino generar un equilibrio en los proyectos.

Desde la Cámara Chilena del Litio, declararon que siguen sin entender la posición del Gobierno, y que generan afirmaciones “absolutamente contradictorias” en aspectos legales que podrían arrastrar a un eventual proceso de judicialización.