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Señor Director:
Se ha comunicado que diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario pretenden presentar un libelo de acusación constitucional contra el exministro del Gobierno anterior Nicolás Grau.
Durante los últimos ocho años, de 20 acusaciones constitucionales en contra de altas autoridades (ministros, presidente de la República, delegado presidencial regional) solo una prosperó.
En el caso de ministros de tribunales superiores de justicia la aprobación fue mayor, cuatro de siete, muy probable por la grave connotación judicial de los casos donde algunos de ellos están siendo investigados por el Ministerio Público.
El resultado en los casos de los ministros de Estado ha sido un rotundo fracaso, y solo ha servido para exacerbar los ánimos entre la clase política y desviar lo que efectivamente le interesa a la ciudadanía.
El abuso de la acusación constitucional significa un verdadero desconocimiento de su fin y objetivo, siempre se ha entendido que esta es la última ratio, su aprobación conlleva la destitución del acusado, dentro de la estructura de fiscalización y control de las principales autoridades del Estado.
Ante ello, sería conveniente y necesario que antes de su presentación se investigara previamente a las autoriades a través de comisiones investigadoras y oficios de fiscalización.
Los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional deberían esforzarse a través de un proyecto de acuerdo comprometerse a otorgarle mayor racionalidad al uso de la Acusación Constitucional, permitiendo que previamente evacuen las otras herramientas de fiscalización y control de responsabilidades contenidas en la propia Constitución.
Zarko Luksic
Exsubsecretario del Trabajo.
