Diputados de oposición lograron incluir normas que posibilitan al personal de las fuerza de orden y seguridad, así como también de las Fuerzas Armadas, el acceso a las prestaciones del nuevo sistema de defensoría. Por otro lado, una que evita que extranjeros con situación irregular en el país accedan de forma preferente.
La Sala de la Cámara aprobó el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos. Iniciativa se remitió al Senado a segundo trámite legislativo.
El texto crea un nuevo servicio integral de alcance nacional a partir de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia a quienes no cuentan con los medios para contar con defensa legal, dotando al Estado de una nueva institucionalidad integral de protección a las víctimas vulneradas en sus derechos fundamentales, para proveerlas de defensa, reparación, representación jurídica y asistencia psicológica.
Entre sus ejes también está promover soluciones colaborativas y radica en este la mediación familiar.
De esta manera, el servicio otorgará asistencia jurídica gratuita a las personas que requieran orientación legal, defensa y representación judicial. El beneficio llegará a quienes no puedan procurársela por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección.
Personal profesional calificado entregará las prestaciones y contarán con apoyo de postulantes al título de abogado que estén realizando su práctica profesional.
El proyecto ingresó a trámite en enero de 2021. Posteriormente, el actual gobierno ingresó indicaciones, en diciembre de 2023, y elevó su presupuesto de 800 millones a 12 mil millones de pesos.
El nuevo servicio atenderá las necesidades de las personas naturales víctimas de delitos, mediante asesoría, representación jurídica y asistencia sicológica y social. Se incorpora para ello una Defensoría de las Víctimas.
Para ello consolidan en esta estructura los dos principales programas públicos de víctimas actualmente existentes:
– los Centros de Atención integral a víctimas de delitos violentos (CAVI), a cargo de las Corporaciones de Asistencia Judicial
– el Programa de apoyo a víctimas (PAV) a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El objetivo es establecer una ventanilla única de atención prioritaria y generar un modelo común de intervención que mejore los servicios prestados a las víctimas.
En particular, la Defensoría dará asesoría a las víctimas sobre sus derechos y medidas de protección que puedan solicitar a su favor. También orientación sobre los programas estatales a los que puedan acceder.
Asimismo, les entregará representación jurídica para posibilitar su participación en el proceso penal y atención psicosocial. Esto último con el fin de procurar la mitigación de los efectos negativos del delito y evitando su victimización secundaria.
En votación separada, la Sala rechazó parte de la norma que regulaba la asesoría y representación especializada a grupos de especial protección.
Además, respaldó tres indicaciones renovadas por parlamentarios de la oposición referidos a la atención preferente en el servicio de acceso a la justicia.
En primer lugar, la indicación de la diputada Camila Flores (RN) que estipula que en casos de delitos que afecten bienes jurídicos de índole patrimonial, no se priorizará la atención de personas extranjeras en situación migratoria irregular o que hayan ingresado en forma clandestina al país.
A continuación, la norma de los diputados Jorge Alessandri y Gustavo Benavente, de la UDI. Esta prioriza la atención de las víctimas de crímenes como los contenidos en la ley que sanciona conductas terroristas, femicidio, homicidio, robo con violencia o secuestro, entre otros.
Además, la propuesta del diputado Andrés Longton (RN) que extiende el acceso a las prestaciones del nuevo sistema a los funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Esto, cuando sean víctimas de delitos en razón de su cargo o ejercicio de sus funciones y no puedan acceder a una atención preferente provista por sus instituciones. Asimismo, para el personal de las Fuerzas Armadas con motivo del ejercicio de sus funciones en el resguardo del orden público en estados de excepción, resguardo fronterizo o protección de infraestructura crítica.
