En territorio nacional, la crisis migratoria ha derivado en problemáticas de seguridad y también en los colapsos de los sistemas públicos.
Alcaldes de Antofagasta y Arica entregaron opiniones mixtas sobre el manejo de las migraciones en nuestro país.
Por una parte, piden mayor énfasis en las tomas ilegales, mientras que -por otro lado- reconocen los avances y estrategias como la Ley de Infraestructura Crítica.
La crisis migratoria que vive el país ha generado problemáticas de seguridad y también en los colapsos de los sistemas públicos.
Este año se realizó la implementación de la Ley de Infraestructura Crítica, se firmó un Acuerdo de Cooperación Migratoria entre Chile y Bolivia y la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), en materias de seguridad e inmigración.
El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, considera que se han aplicado medidas en el norte del país, con la disminución de personas habitando en carreteras y en la ciudad.
Sin embargo, recalcó la falta de urgencia en las tomas ilegales y su gran aumento este año.
Esto se ve reflejado en el fallido viaje del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a Venezuela con intenciones de firmar un acuerdo de colaboración con el régimen de Maduro en torno a la migración, persecución penal y crimen organizado.
Lo último, sugiere la falta de interés del régimen venezolano en contribuir a resolver el problema.
Por otra parte, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, destacó la aprobación e implementación de la Ley de Infraestructura Crítica, lo que permitió un descenso en el ingreso irregular a la ciudad.
Cabe recordar que Chile y Venezuela firmaron un Acuerdo de Cooperación Migratoria, con el objetivo de fomentar la migración regular a través de un proceso administrativo más rápido para ambas nacionalidades.
El Servicio Nacional de Migraciones ejecutó 938 expulsiones, de ellas, 606 son por medidas judiciales y 332 corresponden a expulsiones administrativas.
De las dos cifras mencionadas anteriormente, dos tercios se han realizado en vuelos de la FACh o comerciales y un tercio por vía terrestre. Las expulsiones han sido menores comparadas al 2022.
