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Según acusa ProCultura, "la inescrupulosa cobertura mediática causó que 2 de los edificios previamente seleccionados, aprobados por el Gore, y autorizados por sus propietarios, desistiesen de participar".
La Fundación ProCultura presentó sendas querellas en contra de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Gobierno Regional, por el término de convenios, acusando que la decisión no tiene sustento jurídico.
Así lo confirmó la abogada de la organización, Susana Borzutzky, quien confirmó la presentación de las querellas que apuntan a la Seremi y al Gore de Antofagasta, por delito de prevaricación administrativa.
En paralelo, la representante jurídica de ProCultura presentó una denuncia por cohecho y eventual falsificación de firma.
Según se detalló, la primera querella se presentó contra Marietta Méndez Carvajal, en su calidad de Seremi de Vivienda y Urbanismo (subrogante) de la región de Antofagasta, y todos quienes resulten responsables.
La acción legal enfatiza que “con fecha 02 de noviembre de 2023, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, señora Marietta Méndez Carvajal, emitió las resoluciones exentas 578, 579, 580 y 581, las cuales pusieron término anticipado a los convenios de transferencia para ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos Israel, Arca la Alianza, Betzabeth y Moisés, respectivamente”.
Agrega que “estas resoluciones son constitutivas del delito de prevaricación administrativa, al ser manifiestamente contrarias a derecho según se explica en los siguientes párrafos”.
“Se pretende imputar un supuesto incumplimiento a los deberes de la fundación para efectos de justificar la decisión ilícita del Seremi”, enfatiza la querella.
La segunda de las querellas apunta a Patricia Carolina Lanas Véliz, en su calidad de representante subrogante del Gobierno Regional de Antofagasta.
En esta querella se indica que “como es de público conocimiento, el destape del caso que involucra a la Fundación Democracia Viva, provocó que el programa se viera profundamente afectado por una cobertura mediática negativa, habría provocado que el Gore de Antofagasta optara por desentenderse del programa para no verse afectada su imagen”.
El documento añade que “en virtud de lo anterior, a partir de junio de 2022, se realizaron 2 instancias en las cuales se convocó a ProCultura presentar al Consejo Regional el programa para su revisión administrativa”.
“En ambas instancias, se constató la prístina ejecución del programa. Sin embargo, la inescrupulosa cobertura mediática causó que 2 de los edificios previamente seleccionados, aprobados por el Gore, y autorizados por sus propietarios, desistiesen de participar”, detalla el texto.
“El detalle de los hechos fue que, a fines del mes de junio del año en curso, aparecieron acusaciones de algunos personeros políticos que exponían al proyecto negativamente y de forma muy mediática, de manera totalmente desinformada, incorrecta y sesgada, caricaturizando el objetivo y los alcances del proyecto”, critican.
Por último, la fundación ProCultura presentó una denuncia criminal, por una eventual falsificación de firma.
“A través de la prensa, tomamos conocimiento de que Nicole Quispe, abogada del Serviu de Antofagasta, en el marco de la investigación por el denominado “Caso Convenios”, en su declaración ante la PDI aseguró que, durante su ausencia por una licencia médica, habrían utilizado su firma para autorizar transferencias de fondos a fundación ProCultura”, acusan.
Se agrega que “lo curioso aquí, es que, el 26 de septiembre de 2022, la abogada Nicole Quispe presentó una licencia médica por 15 días, la que se extendió hasta el 24 de octubre. Es en ese periodo en el cual se habría cometido el hecho constitutivo de delito”.
