Mediante un informe , Gendarmería solicitó el traslado del indultado Luis Castillo desde la cárcel de Copiapó a un recinto penitenciario en La Serena por ser "capaz de vulnerar la seguridad del penal". Mientras que, parlamentarios de la comisión de Seguridad de ambas cámaras ahondaron en la necesidad de modificar la capacidad de indulto por parte de un presidente.

Un informe reservado de Gendarmería calificó a Luis Castillo, quien fue indultado por el presidente Boric en enero pasado y que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Copiapó, como un “reo peligroso” y “capaz de vulnerar la seguridad del penal”.

Por lo anterior, el organismo penitenciario pidió que se traslade a Castillo a la cárcel de La Serena por una serie de factores determinados luego de una entrevista que le realizaron.

Entre las razones que explica el documento, el imputado es un reo con “alto compromiso delictual”, intentó fugarse de la cárcel de Copiapó en 2006 y el penal posee una alta población carcelaria.

En la conversación con Gendarmería, Castillo además advirtió que tiene “nexos políticos”.

El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, apoyó la solicitud de traslado del imputado por razones de seguridad.

Parlamentarios piden cambiar indultos tras informe de Gendarmería por Luis Castillo

Sin embargo, el arresto y la ratificación de su prisión preventiva por parte de la Corte de Apelaciones, volvió a levantar las críticas a la decisión del presidente Boric, a casi un año de los indultos que beneficiaron a Castillo y a otros 13 imputados.

El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, el parlamentario de Evópoli Felipe Kast, planteó la eliminación de la capacidad de indulto presidencial.

En tanto, el congresista del Partido Socialista, Raúl Leiva, sostuvo que se debe modificar esta figura legal.

Recordemos que, después de que el jefe de Estado concediera los indultos en enero pasado, la oposición presentó un proyecto de ley que establece que solo se podrá otorgar estos beneficios carcelarios a personas de edad avanzada que padecen de una enfermedad terminal o que no puedan valerse por sí mismas.

Iniciativa que, a juicio de los mismos parlamentarios de derecha, el Ejecutivo debe poner urgencia en el Congreso.