El diputado Juan Irarrázaval solicitó a la Controlaría que investigue y ordene la restitución de los dineros no rendidos por parte de la ONG que lidera la diputada Ana María Gazmuri. Esto, por la ejecución de un programa que estaba destinado al uso compasivo del aceite de cannabis como terapia complementaria en pacientes crónicos.
Durante esta jornada, el diputado republicano Juan Irarrázaval denunció -ante la Contraloría General de la República– a 11 municipios por una serie de convenios suscritos a la Fundación Daya, fundada por la diputada Ana María Gazmuri.
Según la acción presentada, se transfirieron recursos a la organización, sin que se haya entregado la contraprestación ofrecida e incluso, acusó, en algunos casos no se realizó rendición de cuentas de los dineros transferidos.
Se trataría de cerca de $200 millones que aún no han sido acreditados por esta ONG. Los municipios serían los de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal.
Denuncia ante Contraloría por Fundación Daya
En el documento presentado se precisó que “es innegable que, en la presente denuncia, tanto la máxima autoridad, el alcalde, como los funcionarios municipales a cargo (…) no han ejecutado los mecanismos necesarios para administrar y custodiar debidamente los traspasos de dineros realizados a la Fundación Daya”.
Agregando que “en el caso de incumplimiento de los convenios suscritos -como ha podido observarse que se ha producido-, no se ha solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados en la cuenta de la referida institución privada”.
Según dijo Irarrázaval, “esta ONG recorrió Chile prometiendo tratamientos con las bondades de la marihuana” y “decenas de municipalidades confiaron en ella, la financiaron con cientos de millones de pesos y no recibieron absolutamente nada a cambio”.
“Literalmente, transformaron esos recursos en humo. Esto es más grave aún si consideramos que la pareja y los hermanos de la diputada Gazmuri son miembros directivos de esta fundación. Deben más de 171 millones de pesos en rendiciones y prácticamente casi ningún tratamiento se entregó”, comentó.
Finalmente, en el escrito también se argumentó “que en el examen que efectúe la Contraloría (…) compruebe si se ha dado debido cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso, egreso o traspaso, en atención que se estima que existe pendiente de rendición alrededor de $200 millones de pesos entregados a la referida fundación”.
