El diputado Juan Irarrázaval solicitó en su denuncia a Contraloría que se restituyan los recursos no rendidos por la Fundación Daya, que se determinen las responsabilidades administrativas y se les sancione respectivamente.
El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, ingresará a Contraloría un documento que indican presuntas irregularidades entre 11 municipios con una serie de convenios suscritos a la Fundación Daya, fundada por la diputada Ana María Gazmuri.
Según la acción presentada por el parlamentario, los municipios de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal transfirieron recursos a la fundación que representa legalmente la diputada Gazmuri.
No obstante, luego de estas asignaciones de presupuesto siguen sin haber realizado la rendición de cuentas de parte de la fundación por los dineros transferidos, según muestra el documento.
El Diputado Irarrázaval aseguró que “decenas de municipalidades confiaron en ellos, la financiaron con cientos de millones de pesos y no recibieron absolutamente nada a cambio. Sólo unas pocas recibieron rendiciones de esos recursos y son francamente ridículas”.
Según el informe, parte de los recursos se gastaron en chocolates, carne molida, paseos a Viña, helados, papel higiénico, estufas a leña para su sede en la Región Metropolitana, e incluso, para pagar el internet de la casa de la diputada Gazmuri.
Esto es más grave aún si consideramos que la pareja y los hermanos de la diputada Gazmuri son miembros directivos de esta fundación, los cuales “deben más de 171 millones de pesos en rendiciones y prácticamente casi ningún tratamiento se entregó” indicó el Diputado denunciante Juan Irarrázaval.
Antecedentes del presupuesto transferido a Fundación Daya
De acuerdo al documento, se detectaron irregularidades por parte de la Fundación Daya en la rendición de los dineros que fueron otorgados por los siguientes municipios: Tocopilla ($11.828.000), Arica ($17.642.750), Puerto Natales ($8.821.375), Graneros ($10.671.385), Chillán ($35.285.500), Quinta Normal ($11.828.000), Quilpué ($20.845.040), Quilicura ($35.285.500) y Peñalolén ($35.000.000).
En el caso de Copiapó, la municipalidad realizó dos pagos, uno por $24.735.500 y otro por $10.550.000, pero no existe registro de que se haya rendido el segundo aporte y tampoco la entrega final del trabajo realizado. En cambio, en la Municipalidad de Quilicura, los gastos rendidos corresponden a $35.158.672 y están relacionados con actividades previas a la suscripción del convenio, y no con boletas, facturas o documentos que tengan relación con los gastos específicos incurridos durante su vigencia.
Además de solicitar la restitución de los fondos no rendidos por la Fundación Daya, el diputado republicano también pidió, en su denuncia que se determinen las responsabilidades administrativas y se establezcan las sanciones que correspondan a los funcionarios y autoridades municipales involucrados en este caso.
