Una serie de testimonios recogidos por el Ministerio Público durante los últimos tres meses dan cuenta de cómo Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, contrató a personas cercanas, sin concursos y con sueldos pagados por las mismas fundaciones a las que les tocaba fiscalizar.
La Fiscalía lleva cerca de tres meses investigando los pormenores del caso Convenios, con el fin de conocer cómo es que fundaciones sin experiencia y que fueron creadas para ciertos fines, se adjudicaron millonarios tratos directos, principalmente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En ese indagatoria, una serie de testigos han detallado cómo el ahora exseremi del Minvu en Antofagasta, Carlos Contreras, hizo contrataciones a dedo, vía WhatsApp y principalmente a personas cercanas o conocidas.
Cabe recordar que Contreras es exjefe de gabinete de la diputada RD Catalina Pérez, y amigo del expololo de la parlamentaria, Daniel Andrade. Este último es creador y representante de la Fundación Democracia Viva, la que precisamente recibiría un contrato por 426 millones de pesos aprobados por Contreras. Trato directo que hizo estallar el Caso Convenios, la peor crisis que le ha tocado enfrentar al Gobierno de Gabriel Boric.
Según publicó La Segunda, la indagación del Ministerio Público apunta a tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Es más, una serie de testimonios dan cuenta de cómo fundaciones como Democracia Viva, Espacio Libre y TomArte y Movimiento Fibra, financiaban los sueldos de quienes se desempeñaban en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, algunos incluso serían sus fiscalizadores.
Una de las testigos es Cynthia Cisternas, quien conoció a Contreras entre 2016 y 2017 y que en junio de 2022 se reecontró con la autoridad en una celebración. En dicha oportunidad, Carlos Contreras le ofreció trabajar con él, lo que se concretó en octubre de ese año, no sin antes coordinarse vía WhatsApp y que el exseremi le indicara que hiciera cambios a su currículum.
“El 16 de agosto, Contreras me pide (…) que borre de mi currículum que trabajé en campañas política”, asegura la declaración de Cynthia Cisternas.
La tarea de la mujer sería supervisar las rendiciones de las fundaciones sin fines de lucro con convenios con Serviu. El 30 de septiembre de 2022, Contreras le habló nuevamente por WhatsApp y luego la llamó. “Me explicó que me quería confirmar el cargo, pero no sabía si alcanzaría a pagarme mi sueldo el primer mes de trabajo (octubre), ya que ingresaría a trabajar el 13 de octubre, cuando todavía no estaba lista la transferencia de los dineros a las fundaciones por parte de la Seremi, pero que pagarían mi sueldo igual. Comencé a trabajar en la Seremi el 13 de octubre y, en ese momento, al parecer, me indicaron que mi sueldo lo pagaría Democracia Viva”.
Desde el comienzo de su trabajo, Cynthia Cisternas tuvo que monitorear las revisiones financieras de ProCultura, TomArte y de su empleador Democracia Viva (todas investigadas por el Ministerio Público).
Otra testigo del caso es Constanza Vilches Martínez, cuyo primer contacto con el gobierno lo tuvo en abril de 2022, cuando recibió un llamado de Pablo Herrera, jefe de gabinete de la Delegada Presidencial de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, donde le pedía su currículum. Herrera le explicó que Convergencia Social, el partido de Presidente Boric, buscaba personas de confianza para llenar cargos políticos en el aparato estatal.
La última semana de junio de 2022, Constanza Vilches fue contactada por Carlos de Contreras, quien le comentó que su nombre le había llegado a través de su amigo, Pablo Herrera. Ya en la reunión, la mujer aseguró que el exseremi le explicó que las fundaciones aportaban un monto “de los convenios para robustecer los equipos de la Seremi y el Serviu, porque la Seremi no tenía la capacidad de personal para hacer el seguimiento de los convenios. Por lo que mi sueldo me lo pagaría una fundación”.
Además, Contreras le habría dicho que sus funciones las cumpliría en dependencias de la Seremi, pese a que no sería una funcionaria formal del Estado.
Finalmente, Constanza Vilches comenzó a trabajar en la Seremi de Vivienda y Urbanismo el 28 de junio de 2022, y el salario de 1.3 millones de pesos se lo pagaría otra de las entidades indagadas por el Ministerio Público: Espacio Lúdico.
En su trabajo, Constanza Vilches no tuvo contacto con Carlos Contreras, pero sí con otros militantes de Revolución Democrática: “Paz Fuica, Liliana González, Wilson Ahumada e Ignacia Yáñez, quien no es militante, pero tenía familiares no sanguíneos en el partido”, aseguró la mujer ante el fiscal del Caso Convenios, Cristian Aguilar.
Un último testimonio que da cuenta del actuar de Carlos Contreras es el de Nicol Salinas. En marzo de 2022 fue contactada por la funcionaria Gabriela Muñoz, del gabinete de Contreras.
Una de las primeras cosas que el exseremi le habría dicho a Nicol es que buscaba a profesionales con experiencia para la gestión de la Seremi. Le explicó también que, por problemas burocráticos, inicialmente la contrataría a través de una fundación que trabajaba en campamentos en la zona. Al igual que el resto de los contratados, desempeñó funciones en la seremi de Vivienda sin ser funcionaria pública.
Su contrato era con la Fundación Movimiento Fibra, otras de las entidades bajo investigación y su trabajo consistía en apoyar “en los procesos de rendición técnica de todas las fundaciones y en el análisis técnico de la habitabilidad primaria de algunos convenios con fundaciones”.
