Karina Oliva y otros seis militantes de Comunes, fueron expulsados del partido oficialista tras el presunto fraude de subvenciones en su campaña a gobernadora metropolitana.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la expulsión de la excandidata a gobernadora del Partido Comunes, Karina Oliva, y de su expresidente, Jorge Ramírez.
Recordemos que el Tribunal Supremo del conglomerado oficialista determinó la dura sanción, tras el presunto fraude de subvenciones en su campaña a gobernadora metropolitana, que reveló Ciper.
Pero además de Oliva, fueron expulsados su exjefe de campaña, Martín Miranda; Jean Flores, encargado del diseño y planificación del despliegue territorial en primera vuelta; y Luis Romero, encargado territorial del Distrito 14 durante la segunda vuelta.
A ellos se sumaron Camila Ríos, exintegrante de la directiva de Comunes, y del exjefe de Comunicaciones, José Robledo.
De acuerdo al reportaje, cuatro de los asesores de Oliva recibieron millonarios pagos que sumaron un total de $137 millones.
Corte rechazó recurso de Karina Oliva y otros exmilitantes de Comunes
Tras la determinación del Tribunal Supremo, Oliva y otros seis exmiembros de Comunes presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.
No obstante, el tribunal de alzada capitalino desestimó el libelo, declarando que la instancia partidaria “ha actuado dentro de la legalidad vigente”.
“Esta Corte estima que no ha existido un acto ilegal o arbitrario del Tribunal Supremo del Partido Comunes, como tampoco se ha infringido el artículo 19, numeral 3º, inciso 5º de la Constitución Política de la República, por lo que esta acción constitucional de protección deber ser desestimada”.
Revisa lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago:
Cabe destacar que en sus descargos en el Tribunal Supremo del Partido Comunes, en abril de 2022, Oliva denunció haber sido víctima de un ajuste de cuentas por las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas, donde sostuvo que las declaraciones fueron injuriosas.
En la misma línea, indicó que tras su renuncia al partido del Pacto Apruebo Dignidad, desde Comunes tuvieron una decisión -según Oliva- “a todas luces calumniosa e incongruente con el reporteo que motivó la denuncia inicial” y además lo emplaza como una asociación sumamente “dictatorial”.
Asimismo, durante todo el escrito se defiende constantemente apuntando a su presunta inocencia y que esta respondería a una “operación política” que habría hecho que su campaña como senadora por la región Metropolitana fracasara.
