"No me atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la justicia argentina", aseguró el ministro de Justicia, Luis Cordero, tras la polémica por la carta del Grupo de Puebla que firmó, entre otros líderes de izquierda, el presidente trasandino, Alberto Fernández.
El Gobierno insistió en calificar como “improcedente” la carta del Grupo de Puebla firmada por el presidente argentino, Alberto Fernández, en apoyo a Marco Enríquez-Ominami (MEO) por el Caso SQM.
Así lo aseguró este jueves el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien reiteró la crítica de La Moneda a la misiva firmada por líderes políticos de izquierda, jueces y abogados de Iberoamérica.
Recordemos que el Grupo de Puebla criticó con dureza al sistema judicial chileno por el nuevo aplazamiento del juicio oral por el caso de corrupción y financiación ilegal SQM, que, entre otros, tiene como imputado a MEO.
En una carta con 29 firmas, entre ellas la del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo denuncia que “desde 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”.
“Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”, critican.
“No me atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la justicia argentina”
Al respecto, el ministro Cordero aseguró que “yo logro entender cartas de ese tipo como apoyos políticos, pero del punto de vista institucional, me parece improcedente e impropio el contenido”.
“Me parece que desconoce cuestiones elementales del funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal en Chile y, por lo tanto, el Ejecutivo no solo respeta, sino que promueve y ampara la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público”, agregó.
En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que “no me atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la justicia argentina”.
Ministerio Público criticó carta firmada por Fernández en apoyo a MEO
Mientras, desde el Ministerio Público, también cuestionaron la misiva, a través de una escueta declaración pública donde defendieron la objetividad de los persecutores.
“Consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada”, indican.
“Queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país, quienes lo hacen con estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia”, concluyen.
El escándalo SQM estalló en 2015, durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, e investiga una presunta financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, quienes cobraron servicios que nunca prestaron.
El caso comenzó a ser indagado a finales de 2014, en el marco de la investigación de la Fiscalía de Chile por un caso similar de facturas falsas, conocido como “caso Penta”.
Y tras 8 años, recién el pasado lunes comenzó el juicio oral, tras una polémica por la ausencia del auto de apertura.
Este último es un documento clave en los juicios orales, que en este caso cuenta con más de 5 mil páginas, donde está la individualización de los imputados, las acusaciones y pruebas.
A esto se sumó que el juez de Garantía, Leonardo Valdivieso, que debía presentar el documento, se encontraba de vacaciones. Y el resto de los magistrados, no quiso intervenir.
La polémica finalmente la zanjó la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó abrir un sumario en contra de jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, por eventuales negligencias.
