"No fue diligente, por decirlo menos, respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación, lo cual es grave", sentenció Vallejo.
El Gobierno defendió la salida de la seremi de Desarrollo Social de la región Metropolitana, en medio de acusaciones cruzadas y la amenaza de una eventual Acusación Constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson.
Polémica ha generado la salida de Patricia Hidalgo, luego que esta última acusara haber recibido presiones para aprobar proyectos.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) replicaron, aseverando que fue desvinculada por pérdida de confianza, ya que no habría presentado una denuncia por la presunta violación de una niña en un recinto para atender a personas en situación de calle.
Al respecto, este lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en esta versión, asegurando que la declaración del Mideso “ha sido muy clara”.
“Cuando abordamos este tema, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de lo que establece la Ley de Garantías de protección de la niñez”, agregó Vallejo.
“Este es un tema delicado y grave, y como funcionarios públicos tenemos ciertos deberes que se ajustan a estándares más altos que establece esta ley”, insistió.
“Por lo tanto, cuando el Ministerio de Desarrollo Social en su comunicado señala la pérdida de confianza respecto a esta funcionaria pública, dice relación con que no fue diligente, por decirlo menos, respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación, lo cual es grave”, sentenció.
En ese sentido, Vallejo sostuvo que “cuando no se está a la altura de esos mandatos legales, efectivamente lo mínimo que pasa es una pérdida de confianza”.
Esto último, “más allá incluso de todos los otros elementos que derivan en un sumario administrativo, esa es la razón que llevó a la solicitud de desvinculación por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.
Respecto a la acusación que hizo Hidalgo en la entrevista publicada en BioBioChile, Vallejo reiteró que su salida tuvo relación con lo sucedido con la acusación de violación.
“Toda autoridad sea ministro, secretario regional ministerial de alguna cartera, también tenemos que ceñirnos a lo que son nuestros mandatos legales de acuerdo a nuestras atribuciones, en este caso cada vez que se evalúan proyectos tienen que evaluarse en función del mérito y de los elementos técnicos que obliga la ley a considerar más allá de la opinión que pueda tener la exfuncionaria”, dijo.
“Pero eso no es la razón de la solicitud de renuncia que señaló el Ministerio de Desarrollo Social y que es la que está amparada en lo dicho anteriormente sobre una situación compleja desde el punto de vista de los procedimientos que tienen que tener los funcionarios públicos”, explicó.
“Cada vez que uno toma conocimiento de estas cosas, no es que derive, es que somos agentes proactivos en el poner a la Fiscalía o a quien corresponda los antecedentes del caso para que se investigue y se esclarezcan los hechos, y eso es lo que establece además la Ley de Garantía que nos costó mucho tiempo tramitar y lograr que fuera ley de la República”, concluyó.
