Como admisible fue declarada una querella por presunto fraude al Fisco, acción legal que guarda relación con el pago retroactivo de asesores de exconvencionales.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por un presunto fraude al Fisco en lo referido al pago retroactivo de asesores de exconvencionales.
En la acción legal, presentada por el abogado Marcelo Brunet (RN), se precisa que quince días después de que la Convención Constitucional finalizó sus funciones, es decir el 17 de junio de 2022, “52 convencionales ingresaron una propuesta de modificación al Reglamento de Asignaciones a fin de generar el pago retroactivo de honorarios a ‘algunos asesores’ que habían prestado servicios a ciertos Convencionales durante el primer mes de funcionamiento de la Convención, en el mes julio de 2021, es decir, 11 meses antes”.
Según lo informado por La Tercera, el texto sostiene además que luego de ser aprobada la modificación del reglamento mencionado previamente, el Ministerio Secretaría General de La Presidencia “generó la emisión de dos Resoluciones Exentas que autorizaron los pagos retroactivos de servicios por el mes de julio del 2021 a 112 asesores de 65 convencionales constituyentes por $89.222.336 de pesos”.
Además, se sostiene en la querella en cuestión que “se registra el pago de cuatro asesores de Convencionales que no prestaron servicios durante el resto del 2021; el pago de un asesor de convencional que no prestó servicio en el mes de agosto del 2021, es decir, se paga julio retroactivamente, y luego entra a regir su contratación a contar de septiembre; y el pago de dos asesores de Convencionales que no prestaron servicio durante los meses de agosto y septiembre. Es decir, se les paga julio retroactivamente, y luego se entra a regir su contratación a contar de octubre”.
En ese sentido, Brunet manifiesta en el escrito que dichos pagos “surgen como por arte de magia a los pocos días de concluir la instancia”.
A ello, añadió que “sin perjuicio de la calificación jurídica que, en definitiva, se les otorgue a los hechos anteriormente descritos, a juicio de esta parte querellante, tienen su origen en distintas infracciones administrativas, las que terminan por generar un perjuicio al patrimonio fiscal y podrían constituir, de acreditarse los supuestos típicos, en un delito de fraude al Fisco por un monto de $89.222.336″.
Por su parte, en junio pasado, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, señaló al respecto que “no tengo ninguna duda de que lo que corresponde es que esta Convención Constitucional pague las remuneraciones que adeuda”.
“El presupuesto asignado para pagar esas remuneraciones pendientes, que debemos, ya está dentro del presupuesto del año 2022. No es un presupuesto extra, va a salir de la misma glosa de asignaciones para financiar asesorías”, agregó en su momento Domínguez.
