El abogado Carlos Parada Abate fue excluido de la nómina de liquidadores, con lo que no podrá volver a ejercer ese cargo en procesos de reorganización del país. Uno de los castigos más altos impuestos por la superintendencia del ramo, que aún no está a firme. La determinación se da luego de millonarias irregularidades en la Universidad del Pacífico, las que se suman a lo ocurrido en el Caso Chang.
La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) resolvió excluir de la nómina de liquidadores al abogado Carlos Parada Abate, acusado de millonarias irregularidades en las quiebras del Caso Chang y de la Universidad del Pacífico.
La determinación del organismo gubernamental se da precisamente a partir de este último proceso reorganización, por la que el profesional incluso fue arrestado a raíz de una investigación penal iniciada en su contra.
A Parada se le acusa de montar un tinglado junto a un grupo de cercanos, para solicitar y decretar la liquidación forzosa de la Universidad del Pacífico y ser designado él como liquidador concursal en dicho proceso.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, las acciones de Parada le permitieron proporcionar ventajas indebidas a dos acreedoras: las sociedades Inmobiliaria Paseo San Damián S.A. y Abundancia SpA. Éstas, coincidentemente son representadas y están ligadas en propiedad a Alfonso Vásquez Parker, amigo personal del imputado.
Según la indagatoria, a la primera el abogado aprobó un crédito de más de 7,4 mil millones de pesos, lo que significó réditos económicos muy superiores a lo que en rigor les correspondía.
A la segunda firma, en tanto, le entregó créditos improcedentes y de manera dolosa -de acuerdo al CDE- por $250 millones. Las acciones fueron en directo perjuicio de los demás acreedores y de la propia empresa deudora.
“Incumplimientos de leyes”
Así las cosas, en la resolución de 14 carillas, firmada por el superintendente Hugo Sánchez Ramírez, se da cuenta de que Parada incurrió en reiteradas infracciones. Incluso se apunta que “cometió conductas constitutivas de falta grave, que implicaron incumplimientos de leyes y ocasionaron perjuicio económico” a los acreedores.
El caso de la Universidad del Pacífico se suma a lo ocurrido con los acreedores de Alberto Chang. En dicho procedimiento de reorganización, la Superir también solicitó su remoción, al constatar millonarias irregularidades en su gestión.
Tal como dio a conocer este medio a mediados de julio, el organismo fiscalizador apunta a Parada por administración negligente respecto a los bienes incautados en el procedimiento.
En simple, se desconoce el destino de millonarios fondos provenientes del remate de las propiedades de Chang en Chile y el extranjero, lo que hace levantar las sospechas en contra del profesional.
