El diputado independiente ex DC, Andrés Jouannet, y la académica María del Pilar Peña D'Ardaillon, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos humanos, acusando intervencionismo del gobierno del presidente Gabriel Boric, en el Plebiscito de Salida.
El diputado Andrés Jouannet junto a la académica y excandidata a convencional, Pilar Peña D’Ardaillon, enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior, para acusar al Estado de Chile, y en específico al Gobierno del presidente Gabriel Boric, de la infracción a los derechos políticos a propósito del Plebiscito de Salida.
Según se desprende del documento al que accedió BioBioChile, se trata de una acusación al Gobierno por supuesto intervencionismo en el proceso que definirá el futuro de la propuesta de Constitución.
“El Presidente Boric, y diversos funcionarios de su gobierno han realizado una serie de acciones, declaraciones y manifestaciones, que resultan contrarias a lo que expuso el 26 de abril de 2022, cuando manifestó que no debía incidir en ninguna dirección sobre las opciones del plebiscito”, se indica.
“Desde el 15 de julio de 2022, el Presidente Boric empezó a plantear públicamente la probabilidad de que ganara el rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, y propuso que en ese evento se desarrollase una nueva Convención”, acusan.
A esto suman lo sucedido con el seremi de Salud del Bío Bío, quien señaló que fue mandatado por el presidente Boric de “impulsar el Apruebo”.
Asimismo, añaden el acuerdo que suscribieron los partidos del oficialismo para reformar la propuesta de Constitución, cuyo aval sería el propio mandatario, acusan ante la Comisión Interamericana de DDHH.
Cabe destacar que tanto el diputado Jouannet, como la académica Peña, pertenecen a “Comunidad en Movimiento”, agrupación política liderada por la exDC, Soledad Alvear.
Jouannet y Peña acusan intervencionismo del Gobierno de Boric
A este último, además, le reprochan una serie de polémicas protagonizadas en redes sociales por parte de sus cuentas oficiales.
“El 20 de julio de 2022, desde la cuenta oficial de Instagram del Presidente de la República, se publicó la imagen de una persona pública (un artista internacional) junto con un mensaje a favor del apruebo: Cómo convencer a tu familia de votar APRUEBO”, indican.
“El mensaje que fue retirado después de la red social, fue promovido, al parecer, por el Diputado Diego Ibáñez, sin haber contado con la autorización de la persona para utilizar su imagen”, añaden.
A su vez, se destaca la investigación que abrió Contraloría sobre el gasto público de cara al plebiscito constituyente, según detalla el documento enviado a la Comisión Interamericana de DDHH.
En esa línea, se destaca el pronunciamiento del órgano contralor a propósito del ministro Giorgio Jackson, donde constató la falta de prescindencia.
“No obstante, y a pesar de la gravedad de estos hechos, el mismo día, la Ministro Secretaria General de Gobierno, Sra. Camila Vallejo, declaró que “el ministro Jackson cuenta con todo el respaldo del presidente y de este Gobierno para seguir cumpliendo sus funciones”, se afirma.
“En ese contexto, las investigaciones abiertas por la Contraloría siguen en curso, y se han formulado otras nuevas, debido a que el gobierno, encabezado por el propio Presidente de la República, así como sus funcionarios, han continuado llevando a cabo acciones de abierto intervencionismo en el proceso electoral”, reclaman.
Intervencionismo “han continuado a pesar de las investigaciones abiertas por la Contraloría”
“No cabe duda de que resulta grave que el Presidente y funcionarios de su gobierno hayan llevado a cabo de manera reiterada una serie de actuaciones en favor de una de las opciones para el plebiscito. Asimismo, cabe destacarse que estos hechos han continuado a pesar de las investigaciones abiertas por la Contraloría”, fustigan.
Por lo mismo, sostienen que “el actuar por parte de agentes estatales que ha quedado de manifiesto en el presente escrito, genera injerencias graves en los posibles resultados del acto electoral del 4 de septiembre de 2022, los cuales llegarían a ser ajenos a la libertad y a los principios que se han reconocido por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y la propia CADH”.
“Por todo aquello consideramos que la ausencia de una intervención oportuna –ante la inminente votación- por parte la Comisión para salvaguardar el ejercicio y participación libre e informada en el plebiscito constitucional por parte de los ciudadanos, podría generar consecuencias contrarias tanto a los elementos esenciales de la democracia representativa como a los derechos humanos que ella garantizan, los cuales han sido el centro del sistema interamericano”.
Lo anterior, apuntando a que no ha habido medida cautelar alguna, como por ejemplo, tras lo sucedido con el ministro Jackson.
“La Contraloría insta al mencionado funcionario a que en lo sucesivo no repita las
conductas censuradas, pero no fijó medida cautelar alguna”, señala.
“Lo lamentable es que, a pesar del dictamen, el Presidente Boric ha señalado en el día viernes 12 de agosto de 2022, que el acuerdo entre los partidos del Apruebo ofrece certeza por lo que “yo garantizo que, como gobierno, vamos a empujar lo que los partidos que forman parte de nuestra coalición han acordado. Doy plena garantía de aquello””, indica.
Denunciantes pidieron medidas a la Comisión Interamericana de DDHH
“La gravedad, la urgencia y el posible daño irreparable, ameritan la Comisión conozca esta solicitud, y adopte las medidas que hagan posible la abstención de toda conducta indebida del gobierno y de sus agentes respecto del acto electoral del próximo 4 de septiembre”, añaden.
En conclusión, “se solicita respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocer y dar trámite al presente escrito con el fin de que se dicten medidas cautelares en contra del Estado de Chile”.
“Dichas medidas deben ir encaminadas a procurar que los agentes estatales se abstengan de promocionar y difundir todo tipo de información que lleve a generar una preferencia específica que afecte las condiciones de libertad e igualdad en el ejercicio de los derechos políticos en el proceso democrático citado para el 4 de septiembre de 2022”.
