Los senadores aprobaron el proyecto que permite al Presidente decretar el resguardo de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. La iniciativa puede durar un máximo de 60 días y, a diferencia del Estado de Excepción, no puede restringir derechos de la personas. Ahora, pasará a su último trámite en la Cámara de Diputados.
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre infraestructura crítica, que permite el resguardo de establecimientos de importancia social o pública por parte de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa fue visada con 37 votos a favor, uno en contra (Fabiola Campillai, IND) y tres abstenciones (de Juan Ignacio Latorre, RD, y los comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual).
Ahora, la propuesta deberá ser discutida por la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada en esta instancia, quedará en condiciones de ser promulgada por el presidente Boric.
Las claves del proyecto de infraestructura crítica
En concreto, el proyecto es una reforma al artículo 32 de la Constitución, que establece las atribuciones especiales del Presidente de la República.
En ese sentido, se busca que el jefe de Estado pueda decretar el resguardo de la infraestructura crítica por parte de las FF.AA. cuando exista “peligro grave e inminente” para estas instalaciones.
Se entiende por infraestructura crítica “el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país”.
Esta definición incluye dependencias indispensables para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones.
También se menciona infraestructura relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.
El despliegue militar por decreto presidencial durará 30 días, y podrá ser renovado por el mismo plazo con la venia del Congreso Nacional.
Una diferencia con el Estado de Excepción es que no restringe, limita o afecta los derechos y garantías de las personas.
Infraestructura crítica: Gobierno no alineó al oficialismo
El proyecto fue presentado en 2019 por los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena. Sin embargo, se cayó en su tramitación y debió pasar a una Comisión Mixta.
El Gobierno recogió la iniciativa para buscar un “estado intermedio” que permitiera resguardar los caminos principales, pero no logró alinear a todos los partidos de su coalición, por lo que terminó decretando el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.
A pesar de la ausencia del Ejecutivo en la Comisión Mixta del Senado, los legisladores siguieron adelante con el proyecto y logró ser despachado a Sala, donde fue visado con amplia mayoría.
La legislación de esta propuesta le valió duras críticas al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, por parte de parlamentarios oficialistas.
