Por 7 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, se aprobó el proyecto de infraestructura crítica en la comisión mixta.
La Comisión Mixta de Infraestructura Crítica aprobó este miércoles la iniciativa que permitirá el despliegue militar para el resguardo de establecimientos de importancia social o pública.
Así quedó definido por 7 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, para reformar el artículo 32 de la Constitución, que indica las atribuciones del Presidente de la República.
Entre quienes votaron a favor se cuentan los senadores Luz Ebensperger (UDI), Ignacio Walker (DC), Jaime Quintana (PPD) y Rodrigo Galilea (RN).
Asimismo, dieron su apoyo los diputados Eric Aedo (DC), Jorge Alessandri (UDI) y Arturo Longton (RN).
Tras la votación, el informe de la Comisión Mixta fue despachado al Senado para ser ratificado.
Luego, pasará a la Cámara de Diputados, para completar su trámite legislativo y ser finalmente promulgado.
La abstención del diputado Jorge Brito
El proyecto, que surgió de una moción presentada por los senadores de oposición, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, no contó con el respaldo del Gobierno.
Por lo mismo, no causó mayor sorpresa la única abstención que corrió por cuenta del diputado del Frente Amplio, Jorge Brito.
“Es un error estratégico dar este debate y esta discusión, porque carece del apoyo del Gobierno para llevarla a la práctica”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que las Fuerzas Armadas no están preparadas para cumplir este tipo de funciones.
“El país puede dar esta discusión en un par de meses con una nueva Constitución, porque el articulado está alojado en un capítulo que no va a existir en el nuevo texto constitucional”, afirmó Brito.
Walker (DC) valoró aprobación con amplia mayoría y hace advertencia al Presidente
Por contrapartida, el presidente de la Comisión Mixta, el senador de la DC, Matías Walker, valoró la aprobación del informe.
“Va a permitir, a cualquier presidente de la República, requerir de las Fuerzas Armadas la vigilancia y el resguardo de la infraestructura que tiene que ver con los servicios básicos, sin que asuman labores de resguardo del orden público”, destacó.
En ese sentido, enfatizó en que “este no es un proyecto para la Macrozona Sur”.
Pero además, advirtió que de ser aprobado e incorporado a la actual Constitución, no usar esta disposición podría terminar en una Acusación Constitucional contra el Presidente de turno.
“Si el Presidente de la República, cualquiera sea, no cumple con este mandato constitucional y legal, eventualmente es susceptible de una Acusación Constitucional”, advirtió Walker.
Los detalles del proyecto de Infraestructura Crítica
La iniciativa plantea que el Presidente podrá ordenar a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país, ante un peligro grave o inminente.
Esto, mediante un decreto supremo fundado suscrito por los ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional.
Sin embargo, se especifica que las Fuerzas Armadas no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público.
“Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso”, se agrega.
No obstante, la novedad de la propuesta es que sacó del proyecto de ley original, el informe de inteligencia que se requería para poder decretar el resguardo de la infraestructura crítica.
¿Qué se considera infraestructura crítica?
De acuerdo a la iniciativa, la infraestructura crítica comprende aquel conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales, de utilidad pública.
Así también, aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país.
Asimismo, se suma la infraestructura indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, como energía, agua o telecomunicaciones.
También, se cuenta la infraestructura de conexión vial, aérea, terrestre, marítima o ferroviaria; y la infraestructura de servicios de utilidad pública como los servicios o sistemas de asistencia sanitaria o de salud.
Así lo detalló además la senadora y autora de la moción, Carmen Gloria Aravena.
