Luis Felipe Araya | Agencia UNO
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La idea de acusar constitucionalmente a Andrés Allamand tiene su origen en su salida de Chile a principios de febrero, durante sus vacaciones, justo cuando la crisis migratoria del norte atravesaba uno de sus puntos más álgidos. El exministro hoy trabaja en España como secretario general iberoamericano.
A través de un documento de 22 páginas el excanciller Andrés Allamand respondió a la acusación constitucional que diputados de centro izquierda presentaron en su contra.
En el escrito Allamand, hoy secretario general iberoamericano, aseguró que se trata de una movida forzada por parte de la antigua oposición y que los diputados firmantes están confundidos.
“La confusión en que incurren los acusadores es grave: lo que realmente reprochan a mi representado es un supuesto abandono de los deberes del cargo de ministro de Relaciones Exteriores fundado en el hecho de ‘no retornar al país’ durante la primera semana de febrero de 2022 o en su posterior renuncia al cargo de ministro”, partió el abogado defensor Samuel Donoso en el documento compartido a El Mercurio.
“Sin embargo dicha causal no se encuentra establecida en la CPR respecto de los ministros de Estado, viéndose los acusadores en la necesidad de recurrir artificiosamente a un argumento diverso para justificar su pretensión, invocando una causal que en ningún caso se cumple respecto de mi representado”, agregó.
Tras ello el texto complementa que se está frente a un libelo jurídicamente forzado, “incapaz de desarrollar con precisión — más allá de extensas citas genéricas de doctrina — cómo y de qué forma don Andrés Allamand habría comprometido el honor y seguridad de la nación, pese a lo cual se pretende la aplicación de una sanción gravísima a un ciudadano con más de 30 años de su vida dedicados al servicio público”.
La idea de acusar constitucionalmente a Allamand tiene su origen en su salida de Chile a principios de febrero, justo cuando la crisis migratoria del norte atravesaba uno de sus puntos álgidos.
Así, Pamela Jiles y otros diez diputados dieron inicio al procedimiento al considerar que Allamand había comprometido gravemente el honor de la nación.
La contestación también contiene resoluciones y circulares de la subrogancia que hubo en Cancillería mientras Allamand estaba en España haciendo uso de sus vacaciones.
El texto ya fue recibido en el Congreso pero se dará cuenta de el recién el lunes cuando sesione la comisión revisora, instancia que debe enviar un informe a la Sala de la Cámara que es la encargada de aprobar o desechar la acusación.
En Chile, las autoridades de Gobierno pueden ser acusadas constitucionalmente hasta seis meses después de dejar sus cargos.
De ser encontradas culpables de quebrantar la ley y la Constitución estas no pueden ejercer cargos públicos por cinco años.
