Por infracciones asociadas a la no entrega de información, el Consejo para la Transparencia sancionó a Paula Daza, Alberto Dougnac y Juan Francisco Galli. En el caso de la exsubsecretaria de Salud Pública y actual integrante del equipo de campaña de José Antonio Kast, la multa asciende al 75% de su remuneración anual. Sin embargo, las tres autoridades todavía pueden presentar recursos de reposición.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) sancionó a la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; al subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac; y al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, por infracciones asociadas a la no entrega de información.
En el caso de Daza, la sanción alcanzaría en suma un 75% de su remuneración promedio anual, mientras que el castigo a Dougnac alcanzaría el 65%.
“El Consejo para la Transparencia decidió sancionar a dichos jefes de servicio por dos procesos administrativos que el organismo llevó en contra de ambas instituciones, entre otras cuestiones, por denegación infundada y reiterada de la entrega información solicitada vía Ley de Transparencia”, señalan desde el organismo.
En tanto, Galli sería sancionado con un 30% de su remuneración promedio por las mismas causales, a partir de la verificación de entregas de información fuera de plazo o solicitudes en las que no se entregó lo requerido.
“En plena pandemia y estallido social, respetar derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información es clave, esto lo ha establecido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primera resolución en marzo de 2020 a propósito de derechos fundamentales y estados de excepción”, afirmó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente.
Sanciones hasta por 75% de la remuneración
En el caso de las dos subsecretarías de Salud, el Consejo impulsó dos procedimientos sancionatorios. De ellos derivarían dos multas aplicables a la remuneración promedio anual en el caso de Daza, extitular de Salud Pública: una por un 45% y otra por un 30%.
En tanto, una investigación sumaria estableció una sanción por un 30% de la remuneración promedio anual del subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, y un sumario administrativo derivó en una por el 35%.
En los oficios emitidos por el CPLT, se establece que en los tres casos se pudo evidenciar que se habría entorpecido y dilatado el procedimiento de acceso a la información pública por falta de respuesta en la forma y plazos señalados en la Ley de Transparencia, ante requerimientos realizados al servicio.
“Los ciudadanos no pierden derechos por situaciones especiales como una pandemia, al contrario, debe sancionarse la vulneración a un derecho fundamental”, afirmó la timonel del Consejo.
La presidenta del CPLT agregó que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales son fundamentales y “que sigue siendo más importante que nunca resguardarlos en momentos donde los países pasan situaciones complejas. Es decir, no pueden ser puestos en segunda línea o postergados sino que debieran ser particularmente relevados”.
“Estas decisiones son coherentes con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que fue enfática en su resolución en el marco de la crisis por Covid-19 y subrayó que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Esto es una cuestión que deben tener clara las autoridades”, subrayó.
En los tres casos, las sanciones recaen además en otros funcionarios de los servicios. En el caso de Interior, en el jefe de la División Jurídica y en el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, a los que también se les aplicará el descuento de un 30% de la remuneración mensualizada.
Todavía existe la posibilidad de que los inculpados en los procedimientos sumarios impulsados por el CPLT puedan presentar recursos de reposición.
Desde el Consejo apuntaron a que sus pronunciamientos se enmarcan en una decidida línea de acción de esta entidad orientada al ejercicio de su facultad fiscalizadora y sancionadora, ante evidencia de eventuales incumplimientos a la Ley de Transparencia y en defensa de un derecho humano como el acceso a información de organismos del Estado.
