El gerente del family office de la familia Piñera, Nicolás Noguera, desmintió las incriminaciones en contra del mandatario en medio del proceso de Acusación Constitucional en su contra.
A través de una minuta, el ejecutivo de Inversiones Odisea, Nicolás Noguera, defendió a la familia del mandatario, desmintiendo las acusaciones ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional.
Según el texto al que tuvo acceso Radio Bío Bío, Noguera asegura que “es falso señalar que el Presidente de la República vendió el proyecto Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas”.
“Quien vendió dicho proyecto fue Minería Activa Uno SpA, empresa en la que aquel no tiene ni tuvo participación alguna”, sostuvo.
“Como es de público conocimiento, desde abril de 2009, don Sebastián Piñera no participa en la administración o gestión de su patrimonio, ni el de su familia o sus empresas relacionadas”, insistió.
Noguera desmiente elusión de impuestos por Dominga
En ese sentido, también desmintió que el hecho de haber concretado la venta de la minera en Islas Vírgenes, haya tenido como finalidad eludir el pago de impuestos.
“Se ha afirmado en medios de prensa, en forma tendenciosa, que la venta de Dominga se habría llevado a cabo en un paraíso fiscal con la finalidad de pagar menos impuestos u ocultar su existencia, lo que es falso”.
“La transacción se acordó en Chile, sujeta a la ley chilena, entre residentes chilenos”, aseveró.
Por último, descartó alguna ilegalidad en la polémica cláusula que condicionaba el último pago a los cambios a que el gobierno de Piñera no declarara como reserva natural la zona donde se construirá el proyecto.
“Dicha cláusula es el resultado de una negociación legítima y de buena fe entre privados, que jamás buscó obtener ventajas indebidas, de lo cual ni siquiera existen indicios”, dijo Noguera.
Revisa el documento a continuación:
La ausencia de la familia Piñera
Si bien la Comisión Revisora acordó invitar a Cecilia Morel, junto a sus hijos Cristóbal, Magdalena y Sebastián Piñera Morel, finalmente no pudieron ser ubicados.
Así lo señaló la secretaría de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, asegurando que no pudieron dar con sus direcciones y sus correos electrónicos.
Lo anterior, pese a que se le pidió personalmente al subsecretario de la Segpres, Máximo Pavéz esta información.
