Senadores de oposición pidieron a organismos de DDHH y a la ONU, una misión de observación en La Araucanía mientras dure el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, decretado por el presidente Sebastián Piñera.

Se trata de una solicitud que se realizó a tres organismos distintos, a través de sendas misivas enviadas a la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola; y al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco.

Dentro de las razones esgrimidas en la carta, firmada por los senadores Navarro, Latorre, Guillier, Bianchi, Elizalde y la senadora Carvajal, se cuentan las condenas internacionales recibidas por Chile por la situación del Wallmapu y las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos durante 2019, que fundan las sospechas de un uso político del Estado de Excepción que debe ser observado por los organismos competentes.

Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, cuestionó la decisión adoptada por el Gobierno, ante los hechos de violencia rural que se han registrado.

“Es del todo imprudente la utilización del Ejército para la solución de problemas políticos. Se da como excusa el narcotráfico, pero sabemos que los verdaderos afectados serán las personas que viven en las comunidades mapuche”, criticó.

“No había ningún narcotraficante en el jardín infantil que fue bombardeado con lacrimógenas en 2017 y así de ejemplos está lleno”, recordó.

En ese sentido, el parlamentario por el Bío Bío aseguró que “acá el verdadero objetivo es profundizar la colonización de los territorios ancestrales, para asegurar la producción forestal en manos de unos pocos, que genera empleos precarios a un alto costo ambiental”.

Por último, Navarro advirtió que “Piñera está haciendo un uso electoral de un Instrumento legal sumamente delicado como lo es el Estado de Emergencia. El Presidente cedió una vez más al gremio de los camioneros”.

“Este Estado de Excepción tiene una vigencia de quince días, prorrogable por quince días más, luego debe ser consultado al Senado. Yo me pregunto si el Presidente de verdad cree que un conflicto de 500 años lo va a resolver en 30 días. Yo creo que no. Lo que quiere hacer es pasarle la pelota al Congreso para ver si su sector capta uno que otro voto, que parece que le harán falta”, concluyó.