Unas tres mil personas marcharon este sábado contra la migración ilegal en Iquique, un día después del violento desalojo de una plaza donde numerosas personas, en su gran mayoría venezolanos con niños, dormían en carpas.

En un clima de abierto rechazo al inmigrante venezolano, los manifestantes cantaron un himno de la ciudad y alzaron banderas chilenas, así como la Whiphala, un pabellón colorido de pueblos originarios andinos.

También cantaron y pusieron en pancartas lemas como: “No más Inmigracion ilegal” y “Chile es una república que se respeta”.

Desde la Plaza Prat, en el casco histórico de Iquique, los manifestantes continuaron unas 10 cuadras hacia Playa Bravo, donde Carabineros tuvieron que controlar escaramuzas aisladas provocadas por residentes chilenos que se acercaron a agredir a venezolanos en situación de calle.

Estos, desde la mañana del sábado, buscaban esconderse en otras zonas de este balneario para evitar a los manifestantes, constataron periodistas de la AFP.

Incluso, manifestantes radicales se dirigieron a un pequeño campamento de migrantes venezolanos -que no estaban en el lugar- y quemaron en una barricada sus pocas pertenencias: carpas, colchones, bolsos, cobijas, juguetes.

Otros participantes de la marcha pidieron a los más violentos que respetaran la acción pacífica, mientras en los restaurantes del casco histórico los meseros venezolanos y comensales chilenos veían desde lejos algo que calificaron como “triste”.

Según relataron las víctimas a Radio Bío Bío, en el ataque perdieron sus documentos y gran parte de sus pertenencias.

“Lo que nos hicieron, eso no se le hace a un ser humano, porque todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios. Tienen que agarrar a la gente que está haciendo lo malo, no los que están trabajando”, sentenció la afectada.

“Mala gestión”

La manifestación ocurre un día después del desalojo en la Plaza Brasil, donde desde hace un año pernoctan los migrantes más pobres y sin papeles que no logran llegar a Santiago y sobreviven vendiendo dulces, pidiendo limosna o limpiando vidrios en los semáforos de la ciudad.

En el operativo policial, repudiado por autoridades locales y organismos humanitarios, desapareció por más de 24 horas Jeremy, un niño venezolano de 4 años que el sábado en la mañana era buscado por carabineros, que mostraban sus fotos a los transeúntes en la playa. Finalmente el pequeño fue hallado.

“Menos mal encontraron al niño, pero esto resume la mala gestión de todo este drama humanitario, el gobierno cree que esto es solo deportar a algunos y desalojarlos de una plaza”, se quejó Franklin Pérez, administrador de un edificio en el centro de Iquique.

Agencia UNO

El gobernador de región Tarapacá, José Miguel Carvajal, responsabilizó de la crisis migratoria en el norte al gobierno del presidente Sebastián Piñera, al quejarse que ni él ni el alcalde de la ciudad fueron alertados del desalojo del viernes que alentó el rechazo de una parte de la población.

“Las 100 familias en la Plaza Brasil, hoy día (sábado) estaban deambulando en distinto espacios públicos; están reubicándose con amigos, cercanos, con los cuales se están yendo a alojar nuevamente con carpas a las playas de Iquique, y otros están movilizándose a tomas (asentamientos) de Alto Hospicio”, la zona industrial en las afueras de Iquique.

La colectividad venezolana es la más numerosa en Chile, con más de 400.000 personas, aunque se estima una fecha mucho mayor ante el aumento de ingresos por pasos clandestinos desde 2020, cuando Chile cerró sus fronteras por la pandemia.

Además, el gobierno chileno dio un giro a su política de solidaridad migratoria con los venezolanos, defendida por el presidente Piñera en 2018, incluso ofreciendo unas visas exclusivas para que los venezolanos “tuvieran oportunidades en Chile”.

Desde entonces se redujo drásticamente la aprobación de cualquier visa para quienes viajaran desde Venezuela, luego vino el cierre de fronteras por la pandemia y muchos venezolanos han empezado a llegar tras vivir unos años en Colombia, Ecuador y Perú.

Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre.