Este jueves, se confirmó la desestimación de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Fueron en total 71 votos a favor y 76 en contra los que derivaron en la caída de la acusación, por no alcanzar la mayoría en Sala.
De esta forma, quedó declarada inadmisible la medida, la que no pasará al Senado.
Sobre los 8 ausentes de esta votación, la diputada Cristina Girardi (PPD) afirmó que es una situación reprochable e insostenible, señalando que “esto no se trata de perseguir a un ministro, sino de las condiciones en que se desarrollan las condiciones de los niños más pobres de Chile”.
“Los que se restaron de esta votación, se están restando también de garantizar que el rol de este parlamento asegure una el derecho a la educación en las condiciones que se merecen los niños de este país”, agregó la diputada.
El proceso que ha durado cerca de seis semanas terminó en la derrota de la oposición, sin embargo, al respecto la diputada Marisela Santibáñez (PC), declaró que seguirán insistiendo en sancionar al ministro y “ser las voces de los que no tienen voz acá”.
“Lo que acaba de pasar no es el reflejo de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en las aulas hospitalarias. A esos padres y madres que siguen teniendo niños con enfermedades terminales, yo los abrazo a distancia y les digo que no vamos a retroceder”, declaró Santibáñez.
Asimismo, se registraron votos de parlamentarios de oposición en contra de que se concretara la acusación hacia el secretario de Estado.
Entre ellos, están Matías Walker, Pepe Auth, Abel Jarpa, Pablo Lorenzini y Pedro Velásquez.
Tras entregar su voto, el diputado Matías Walker afirmó que “vamos a tener la posibilidad en muy pocos meses más de juzgar la gestión del mal gobierno del presidente Piñera, pero no hay que abusar del mecanismo de la Acusación Constitucional”.
“Nosotros tenemos que ser consistentes y acá no se puede destituir a un ministro por cinco años, que es la única oportunidad en que el Congreso ejerce el poder punitivo del Estado, porque aplica una pena de inhabilitación por cinco años, en forma liviana, tiene que hacerlo con razonamiento jurídico, acreditando una infracción a la Constitución, y yo por lo menos no me voy a dejar pautear por el Frente Amplio en esta materia”, cerró.
