El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declaró en calidad de imputado por presuntos crímenes de lesa humanidad en el denominado estallido social ante la Fiscalía Regional de Valparaíso. En el ámbito administrativo, la justicia paralizó el proceso de suspensión de generales cuestionados en estallido social, tras un sumario de la Contraloría.
En calidad de imputado declaró este miércoles el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por presuntos crímenes de lesa humanidad durante el denominado estallido social.
Son más de 30 querellas contra el presidente Sebastián Piñera, los exministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel e incluso contra el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, que también declaró en calidad de imputado.
En el caso de Yáñez, Jorge Martínez, uno de sus defensores, insistió en que Carabineros está seguro que no afectó los derechos humanos de los chilenos y que entregarán todas los antecedentes al Ministerio Público.
Uno de los querellantes en la causa, Mauricio Daza, enfatizó que no solo hay responsabilidades políticas, sino que también policiales.
“Precisamente la imputación respecto de crímenes de lesa humanidad, los cuales se habrían cometido en el contexto del estallido social, y respecto de los cuales existiría responsabilidad criminal, tanto del presidente Sebastián Piñera, como de sus exministros Gonzalo Blumel y Andrés Chadwick, además de lo que son personeros del Alto Mando de Carabineros, así que nos parece que en cualquier caso podría ser útil para avanzar en esta investigación”, sostuvo.
En tanto, sobre la arista administrativa, el 22 Juzgado Civil de Santiago acogió a trámite la demanda civil interpuesta por el Alto Mando de Carabineros contra la Contraloría General de la República, que tras un sumario, formuló cargos relacionados al uso de gases antidisturbios en las inmediaciones de centros asistenciales de salud, entre el 4 y 11 de noviembre de 2019.
El ente contralor propuso la suspensión de dos generales en servicio activo: Enrique Bassaletti y Mauricio Rodríguez y a uno en retiro, Jorge Ávila. Los tres inculpados no adoptaron medida alguna para corregir estas prácticas policiales, por las cuales, de hecho, existe una prohibición expresa en el reglamento de Carabineros.
Jorge Martínez, abogado del Alto Mando de Carabineros, se mostró conforme con la suspensión del proceso, hasta que se revise el fondo.
“Estamos muy contentos con esta resolución cautelar del juez del 22 Juzgado Civil de Santiago, que por supuesto tendrá que ser revisada por la ilustrísima Corte de Santiago, pero que en cuanto a su merito y fundamento se ajusta plenamente a la solicitud de la demanda y a los fundamentos constitucionales que se hicieron valer al momento de hacer efectiva esta acción de nulidad de derecho público”, declaró.
Los generales absueltos, Jorge Valenzuela Hernández, Jean Camus, Hugo Zenteno y Enrique Monrás pudieron probar vía descargos que ellos sí tomaron medidas de corrección a las operaciones cuestionadas. La Contraloría, de hecho, constató que en esos casos no se volvió repetir la violación de los protocolos.
Hasta que no se revise el fondo el caso, el general director de Carabineros, Ricardo Yañez, no podrá pronunciarse a las sanciones propuestas por Contraloría, entidad que pidió al Consejo de Defensa del Estado apelar a esta resolución.
