El 20 de diciembre de 2019 se materializó la audiencia que puso una lápida a las denuncias que un año y medio antes venía realizando el funcionario activo de la PDI, Inspector Patricio Sánchez González, y que apuntaba a un caso de corrupción con ribetes cinematográficos, puesto que dentro de los supuestos ilícitos estaba como tema central la muerte del narcotraficante Álex Cuevas, hecho que ocurrió el 21 de abril de 2015, y que -según la denuncia del policía- sus colegas de la Brigada Antinarcóticos de Arica habrían estado detrás el asesinato.
Así consta en el escrito que presentó Sánchez González ante el Ministerio Público el 8 de noviembre de 2018 – 3 años y medio después del homicidio – en que acusó a funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de estar tras los hechos, pero además, argumentó la posible existencia de los delitos de: falsificación ideológica de parte policial, falso testimonio, obstrucción a la investigación, entrega de droga controlada no autorizada, robo, extorsión, asociación ilícita, omisión de auxilio y otros.
Según su declaración el narcotraficante muerto trabajaba como informante de la PDI, incluso sostuvo que el 2013 cuando él formaba parte del grupo antidrogas en Arica, previo a su traslado a Valparaíso, realizó varias diligencias en base a información que supuestamente habría sido proporcionada por Álex Cuevas.
Por esa razón, supuestamente, acusó que la muerte de Cuevas, se habría fraguado a modo de represalia por parte de sus colegas de Arica luego que el reconocido narcotraficante, que mantenía además una condena por homicidio, se habría cansado de los “favores” que le pedían los PDI a cambio de brindarle seguridad. Por ello estaba, según la denuncia de Sánchez González, reuniendo información para denunciar a los cuatro funcionarios, ya que habría señalado que estos pedían transar drogas, que les vendan autos de alta gama y entregas de dinero en efectivo a cambio de protección e impunidad a los grupos de narcos.
Frente a esta grave denuncia comenzó a trabajar la fiscalía local de Arica los cuales después de varios meses de análisis y recolección de datos, determinaron archivar la causa por falta de pruebas. Esto motivó que el detective fuera más allá y denunciara ante la Fiscalía Nacional a la entonces fiscal regional de Arica y Parinacota, Javiera López Ossandón, por lo que el fiscal nacional decidió que esta nueva denuncia sea investigada por el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia.
De esta forma, lo que parecía algo gravísimo y serio comienza a desmoronarse. Fue en diciembre de 2019 que el fiscal Arancibia compareció en el Tribunal de Garantía de Arica para pedir el sobreseimiento definitivo de los funcionarios acusados y de la fiscal López, asegurando no haber podido establecer los hechos e incluso exponiendo ante el tribunal nuevos datos que dieron vuelta la historia, al esclarecer que el detective denunciante era cercano al narcotraficante asesinado e incluso que había vivido en la casa con su familia.
El fiscal regional explicó la mañana del 20 de diciembre de 2019, ante el juez del Tribunal de Garantía de Arica José Urrutia, que luego de varios meses de indagatoria no se pudo establecer la veracidad de la denuncia, pero sí entregó un dato clave: el detective que relató la supuesta corrupción vivió cuando era niño en la casa de los narcotraficantes.
Incluso el fiscal ante el magistrado señaló que la indagatoria recogió una declaración del hermano del narcotraficante Álex Cuevas, Reinaldo Cuevas, que se había realizado en el contexto de otra causa y en que Cuevas identificó a Sánchez González, al señalar que lo conocía desde niño e incluso reveló que lo conocía por el apodo de “Pato Piña”, ya que era un joven drogadicto del sector que ellos lo recogieron de la calle.
Reinaldo Cuevas sostuvo en una declaración: “Lo conozco, lo llamamos Pato Piña. A este funcionario lo conozco desde niño, él era un joven drogadicto de la calle, a quien acogimos junto a mi familia y lo llevamos a vivir a mi casa, junto a mi fallecido hermano Álex Cuevas. Asimismo lo apoyamos para que cambiara su estilo de vida. Incluso le pasamos dinero para que se fuera a Santiago. Debo hacer presente que cuando Pato tenía 16 años vivió un año en mi casa aproximadamente”.
Este dato, según expuso el fiscal Arancibia durante la audiencia, fue determinante puesto que Sánchez González no lo mencionó durante su primera declaración. De hecho, como quedó registrado en el audio del Tribunal, el persecutor regional explicó que durante una segunda declaración él le preguntó la razón de no haber entregado ese dato, a lo que el funcionario de la PDI denunciante respondió: “Usted no me lo preguntó”.
Escuche el audio de la audiencia del 20 de diciembre 2019 en que se dictaminó el sobreseimiento definitivo de los cuatro detectives y la fiscal que habían sido denunciados:
Revés judicial para Sánchez González que no es el único. En el sistema del Poder Judicial se puede observar al menos tres recursos que ha presentado y todos han sido rechazados.
Lo mismo ha ocurrido con las cartas denuncia a Contraloría, Ministerio de Justicia, Consejo para la Transparencia, entre otras. En todas denuncia lo mismo que hizo en sede penal y que fue rechazada.
También ha denunciado desde que está con licencia médica una persecución por parte de la institución a raíz de la denuncia de corrupción que fue desechada en Arica, sin que hasta ahora se haya tenido éxito. Incluyó una demanda laboral que también fue rechazada en todas sus partes, como respuesta denunció a la jueza del Tribunal Laboral, en lo que tampoco tuvo éxito.
Respuesta PDI
A través de un comunicado emitido el viernes pasado, el jefe de la Jefatura Jurídica de la PDI Luis Silva Barrera, explicó que todos los hechos que el funcionario ha denunciado sobre lo que rodeó al homicidio de Álex Cuevas, no han tenido sustento, por lo que pidió remitirse al fallo del Tribunal de Garantía de Arica en que se determinó sobreseimiento total.
Agregó el oficial que “respecto del señor Sánchez, se trata de un funcionario policial que aún está activo y que el funcionario policial mantiene dos medidas disciplinarias pendientes en toma de razón de la Contraloría de separación. Una es por amenaza contra un funcionario activo y la otra es por haber visitado a un narcotraficante en la ciudad de Arica, estando él con licencia médica”.
Sumario en que se estableció que estando dentro de la Cárcel de Arica se presentó frente a los Gendarmes como funcionario activo de la institución e indicó que estaba investigando la muerte de un narcotraficante por lo que tuvo acceso a conversar con otros investigados por narcotráfico.
¿Qué pasó con Álex?
En la misma audiencia del 20 de diciembre de 2019 se reflotó que la muerte de Álex Cuevas y las heridas que sufrió su hijo de 3 años al momento en que le dispararon fue aclarado. Según los archivos el 10 de junio de 2016 se condenó a dos personas.
Se trata de Abram Alzamora Fernández y el entonces menor de edad de iniciales J.A.G, los cuales fueron según la investigación los autores del crimen de Álex Gonzales, quien recibió cinco disparos al interior de su vehículo, mientras que su hijo de 3 años quedó gravemente herido por dos impactos de bala.
Lo que sí llamó la atención en 2016 fue que en el celular del hermano del fallecido, Reinado Cuevas, el cual fue periciado por efectivos policiales, se encontraron pantallazos del Sistema Biométrico del Registro Civil e información institucional propia de la PDI. Esto abrió una investigación que finalmente fue cerrada por falta de pruebas.
Sin embargo, esa indagatoria fue la primera vez que saltó el nombre de Sánchez González como cercano a la familia Cuevas, ya que el hermano del muerto, Reinaldo, reconoció que al detective lo conocían desde que tenía 16 años y era, según su propia declaración, un drogadicto del sector que ellos ayudaron.