El presidente de la Asociación de Funcionarios del Tribunal Constitucional (AFUTCCH), Leonardo Carrasco Vargas, envió la tarde de hoy una carta a los ministros del órgano jurisdiccional donde expuso una serie de hechos que “han estado ocurriendo” al interior del tribunal colegiado.
En concreto, el líder de los trabajadores del TC, quien lleva 18 años desarrollando funciones al interior de la repartición, dice que luego de la reforma de 2005, que significó un gran incremento de tareas, esta no vino acompañada “de la formalidad tan necesaria en organizaciones de mayor tamaño, lo que generó una administración y operación poco eficaz”.
En el área de recursos humanos, Carrasco señala que “la no corrección de distorciones está provocando un serio desgaste y tensión en las relaciones laborales. Licencias médicas, renuncias y también renuncias forzadas son un indicador de esto”.
Agrega que “por años he tenido muchas conversaciones con señores ministros, autoridades y funcionarios, respecto a las causas que están llevando a nuestra institución a este estado tan crítico y me han dado su punto de vista respecto a la solución a estos problemas, ninguna ha funcionado”.
La carta contiene un conjunto de sugerencias y peticiones para subsanar las diferencias de los trabajadores con el organismo. Una de ellas es la justificación y priorización respecto al presupuesto del Tribunal Constitucional.
“De los proyectos que se financian ¿cuál va primero y cuál va último?”, se pregunta Carrasco. Ante eso, este se responde que “no sabemos qué criterios se han utilizado hasta ahora (…). Hemos expuesto en este largo pliego de peticiones las carencias que nuestra institución tiene, muchas de ellas críticas, que pueden afectar la continuidad operativa. Eso es grave. ¿Por qué no se les ha dado prioridad máxima?”.
También el presidente de la AFUTCCH hace hincapié en la ejecución del presupuesto anual del año 2020 de la repartición, el cual a raíz del Covid-19 y el teletrabajo se redujo sustancialmente. “El cuestionamiento que se hace respecto al gasto del presupuesto 2020 es que no fue gastado en su totalidad habiendo necesidades urgentes y críticas y que estaban en conocimiento de las autoridades que tomaron la decisión de no gastar”, señala Carrasco.
Además de lo anterior, acusan una “administración paralela” de la actual jefa de gabinete de la presidenta del TC, María Luisa Brahm. “Desde el inicio de sus labores la señora (Claudia) Vélez cuestiona todo el proceso administrativo y comienza a tomar el control de todas las áreas, para según ella, garantizar el correcto funcionamiento de la institución”, dice Leonardo Carrasco.
“Pese a que se niega, efectivamente se ha creado una administración paralela en donde los jefes de área de nuestra institución no son considerados y tal vez en algunos casos tampoco la propia Jefa de Servicio, que por ley es la definida para encabezar la toma de decisiones en lo que respecta al funcionamiento de nuestra institución”, señala el documento.
Un punto delicado dentro de la misiva tiene relación con “maltrato a funcionarios” al interior del órgano colegiado, cuestión que pese a no “ser propia de la actual presidencia, se ha visto incrementada”, dice el presidente de la AFUTCCH.
“Tenemos la prueba (…) que confirma que efectivamente en nuestra institución existe el mal trato; las excesivas licencias médicas por estrés laboral, el aumento de sumarios administrativos que por falta de pruebas terminan absolviendo al sumariado y finalmente el aumento de renuncia de funcionarios, varios con muy poco tiempo desde que fueron contratados y con licencias médicas por estrés antes de renunciar”, consigna la carta.
Uno de los puntos anteriores, el referido a los sumarios administrativos, también tiene su apartado. Este en “especial” alusión al exdirector de Administración y Finanzas de la institución, Julio Ortiz, quien fue sometido a sumario administrativo por presuntas irregularidades -instruido por indicaciones de la presidenta del TC, María Luisa Brahm-, investigación en la que el exfuncionario terminó siendo sobreseído.
“(…) El sumario administrativo tiene una connotación negativa que es difícil de limpiar cuando el resultado de la investigación comprueba la inocencia del sumariado. No solo hace daño al funcionario, también daña a su familia, a su entorno más cercano, a su carrera profesional y también daña su salud mental”, señala el texto.
Y agrega: “Donde se aplicó mal esta herramienta ocurrió con el sumario administrativo al Director de la DAF y cuyos errores quedaron oficialmente descritos en la resolución que pronunció la Primera Sala”.
En total, son 13 puntos los comunicados por el presidente AFUTCCH, Leonardo Carrasco Vargas, a los diez ministros del TC. Esto porque el líder de los trabajadores está convencido que “la solución tiene que venir del Pleno de Ministros. Son ustedes un grupo colegiado que tiene la fortaleaza y decisión para corregir y enmendar el rumbo de nuestra querida e incomprendida institución”, dice.
