Parlamentarias de todos los sectores, junto a la familia de Antonia Barra presentaron un proyecto de ley que busca proteger a víctimas de violencia sexual.
Las diputadas Paulina Nuñez y Marcela Sabat, de Chile Vamos, con Maite Orsini y Gael Yeomans, del Frente Amplio, además de Gonzalo Fuenzalida (RN) y Marcelo Díaz (PS) anunciaron el proyecto “Justicia para Antonia”, iniciativa pretende que los agresores sean considerados -en todos los casos- como un peligro para la seguridad de la víctima, por lo que insta a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva en todos los casos.
Además, promueve que los agresores queden de por vida con orden de alejamiento de la víctima.
“Hemos aportado con nuestra experiencia en nuestro caso y se van a incluir algunos proyectos que estaban en el tintero”, señaló Alejandro Barra, padre de Antonia, quien agregó que “en este país estamos acostumbrados a llegar a ciertos extremos para que las cosas funcionen. Invito a los legisladores, a esto que se está haciendo, que va a permitir que las cosas fluyan más rápidamente para que las víctimas tengan un reparo inmediato”.
El 7 de febrero de 2017 otra joven Antonia, de 23 años, Antonia Garros, murió tras lanzarse desde un edificio en Chiguayante. Desde ese momento ya se buscaba tipificar la inducción al suicidio como un delito. Ahora se quiere retomar esa idea.
Yeomans recalcó que “el Estado debe comprender que tanto las amenazas, el hostigamiento, la persecución contra las mujeres que han sido víctimas de violencia, también es delito, también tiene responsables”.
Se pretende que los acusados por delitos sexuales sean siempre considerados un riesgo. Orsini destacó que con la iniciativa se fijaría “que los delitos sexuales sean especialmente considerados para decretar una prisión preventiva como un peligro para la sociedad. Este proyecto lo hacemos por Antonia, pero también por todas las mujeres de Chile a las que el Estado no les creyó”.
“Queremos establecer como un derecho de las víctimas de delitos sexuales la prohibición de acercamiento, incluso terminada la condena”, sostuvo Nuñez.
Sabat, en tanto, espera que “esta tramitación pueda ser con celeridad”, por lo que pide al Gobierno darle suma urgencia.
“A partir del caso de Antonia, hay mucho que tenemos que aprender para mejorar nuestro sistema de protección a las mujeres que son víctimas de violencia de género o sexual. Hemos detectado una serie de vacíos que hay que ir mejorando en nuestra legislación, en todo lo que es el trabajo investigativo del Ministerio Público y del orden administrativo” apuntando a las policías, explicó Roberto Celedón, abogado de la familia Barra.
El proyecto contempla ampliar el sistema de entrevistas videograbadas, de manera de evitar la revictimización, y establece que los condenados no pueden acceder a beneficios carcelarios.
