La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) interpondrá una querella criminal por cohecho en contra del expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, en el marco de la indagatoria que lleva la Fiscalía Oriente por presuntos delitos de corrupción. La información fue confirmada por el presidente de la organización, Patricio Elgueta.

“Nuestro lema es que la probidad (…) debe regir la conducta (…) en esta empresa del Estado, sin excepción. Y como esto es patrimonio estatal, fondos estatales, el rol de los trabajadores del cobre (…) es dar una señal, haciéndonos cargo del tema, y por eso vamos a presentar esta querella”, explicó Elgueta a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

El libelo será ingresado hoy ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, sumándose a otros dos anteriores: el primero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y otro de la propia estatal -de fines de 2019- sustanciados por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.

Elgueta agregó que la decisión de recurrir penalmente en contra de Pizarro fue adoptada este martes -por unanimidad- en el Consejo Directivo de la organización.

“(…) lo que ocurrió es grave, porque este tipo de situaciones no pueden ocurrir en la principal empresa del Estado(…) porque es el sueldo de Chile. E incluso en el contexto del Covid-19, nuestros servicios son necesarios para seguir sustentado también los planes sociales en Chile”, enfatizó el dirigente.

Los hechos en que se funda la presentación de la FTC, refieren a supuestas presiones que habría ejercido el exdirectivo para que el exgerente general de la División Salvador de la minera, Juan Carlos Avendaño, contratara de manera directa a la empresa Indak en agosto de 2015 -cuyo dueño es José Miguel Julián- empresario ligado a Nelson Pizarro hijo.

Un mes después que se formalizara el acuerdo comercial -de acuerdo a un informe de fiscalización que realizó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)- Nelson Pizarro junior adquirió un terreno en Chicureo -comuna de Colina- por 75 millones de pesos donde su padre construyó una propiedad que supera los 681 en moneda nacional.

Según la querella del CDE, “la única explicación plausible de que (Nelson Pizarro) haya solicitado que se contratara a una empresa inepta y carente de experiencia en el rubro es la concesión de un beneficio indebido (…)”.

La fiscalía también bucea en otro contrato por US$ 228 millones. En una parte de este acto comercial (módulo C1) la empresa ligada a Julián habría logrado quedarse con el movimiento de 104 millones de toneladas de tierra también por la vía del trato directo, pese a no calificar en el concurso y que habrían implicado un sobre gasto de US$ 22 millones.

Estos hechos son claves para el abogado penalista Pablo Méndez, quien patrocina a la FTC en el caso.

“La querella es nominativa, es decir va dirigida en contra de Nelson Pizarro por cohecho, como lo hizo el Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio que cuando tengamos acceso a la carpeta de investigación puedan aparecer otros delitos como malversación de caudales públicos, ilícitos funcionarios y otras personas”, indicó el profesional.

La FTC cumplió 79 años de existencia el pasado 23 de marzo y representa a 27 sindicatos de trabajadores de planta de Codelco y AngloAmerican -por la participación que mantiene la estatal en esa empresa privada- con 15 mil empleados llamados “rol B”.

Dentro de los hitos de la organización, destaca uno ocurrido en 1982 -plena dictadura cívico militar- cuando el presidente de entonces, Rodolfo Seguel (DC), llamó a un paro nacional junto a la cabeza de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, asesinado por inteligencia del Ejército el mismo año.

El abogado Samuel Donoso quien defiende a Nelson Pizarro Padre, señaló que la adquisición de la del terreno por parte del hijo de este último, por $ 75 millones, en Colina “es una infamia y una falsedad”.

Indicó que, por el contrario, el ex ejecutivo de Codelco canceló por el bien inmueble poco más $751 millones que, a su juicio, se acredita por uno de los cheques que constan en la carpeta investigativa de la fiscalía.

En el mismo sentido, aseveró que ha solicitado diversas diligencias “para desenmascarar esta falsedad”.