El ministro del Tribunal Constitucional, Miguel Ángel Fernández, renunció al comité de crisis creado el pasado viernes tras acuerdo del Pleno, instancia acordada para enfrentar la polémica generada tras las declaraciones de su presidenta, María Luisa Brahm.
Fernández envió una carta a Brahm donde explica su decisión, argumentando que habrían existido diferencias en las reuniones de trabajo que se han sostenido.
Además, señaló que se necesita una instancia para diseñar la modalidad de trabajo del comité y junto con establecer la orientación que éste tendrá.
“Sin embargo, la primera decisión adoptada ha sido objeto de cuestionamiento, al ser conocida mediante correo electrónico que ayer (lunes 27) remitiera el presidente del comité, por consideraciones que se debatieron durante la deliberación donde se adoptó, lo que, a mi juicio, da cuenta de que no existen todavía las condiciones necesarias para que un comité como este o mi integración en el sea útil para intentar alcanzar la finalidad para la que fue creado”, aclaró.
Agrega que “ello no supone (…) que deba abdicarse de buscar otros medios o este mismo, mas adelante o cubriendo la vacante que dejo, si así lo decide el Pleno, para dotar al tribunal de reglas que faciliten una mas adecuada convivencia interna. Al contrario, estimo imperativo que sigamos buscando alternativas que permitan lograr ese objetivo”.
Dichas diferencias guardarían relación con las medidas que se adoptaron durante el lunes, cuando el presidente del comité de crisis, el ministro Juan José Romero, comunicó que se acordó adoptar la práctica de corregir errores o precisiones en que incurran los medios de comunicación, estableciendo una rectificación que se realizaría a través de la secretaría.
Denuncias
Esta semana se dio a conocer que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una denuncia criminal por supuestos delitos de prevaricación y cohecho, acción presentada en contra de todos los ministros del Tribunal Constitucional.
La denuncia fue interpuesta la semana pasada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y se suma a la ya presentada por la diputada Cármen Hertz (PC), investigación que está siendo llevada por la Fiscalía Nacional por presunto cohecho y prevaricación.
Asimismo, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, declaró este martes ante la fiscal Ximena Chong, quien lidera la investigación por la denuncia de corrupción al interior del organismo.
Según información confirmada a Radio Bío Bío por fuentes ligadas a la causa, Brahm declaró en calidad de testigo ante la persecutora de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.
