A última hora de este lunes, los ministros del Tribunal Constitucional resolvieron rechazar el requerimiento presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos, que buscaba declarar inconstitucional el proyecto de indulto conmutativo impulsado por La Moneda, principalmente porque no contempla el beneficio para condenados por violaciones a los derechos humanos.
Dicho proyecto, que ya finalizó su trámite en el Congreso, tiene el objetivo de que la población penal perteneciente a grupos de riesgo (mayores de 75 años, mujeres embarazadas y con hijos menores de dos años) que no hayan cometido delitos de mayor connotación (como asociación ilícita por narcotráfico, infracciones a la ley de control de armas, violencia intrafamiliar y violaciones a los DDHH) puedan completar sus penas en arresto domiciliario total, a fin de reducir el hacinamiento en las prisiones del país y prevenir que se conviertan en focos de contagio de la pandemia de Covid-19.
En particular, el pleno del Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento con 7 votos a favor y 3 en contra. Votaron por rechazar el requerimiento, la presidenta del TC, María Luisa Brahm, y los ministros Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica Flores.
Por su parte, votaron por acogerlo, los ministros Iván Aróstica Maldonado, Juan José Romero, y José Ignacio Vásquez.
No obstante, la puesta en marcha de la propuesta impulsada por La Moneda seguirá entrampada, puesto que -durante la tarde de este lunes- diputados de la misma coalición presentaron un requerimiento de similares características ante el TC, en el que argumentan que si no se incluye a reos condenados por violaciones a los Derechos Humanos la iniciativa constituiría una situación arbitraria y, por ende, contraria a la ley.
Entre los firmantes se incluye a los UDI María Jose Hoffmann y Juan Antonio Coloma, junto a los RN Luis Pardo y Diego Paulsen, cuya situación -tanto de senadores como diputados- ha generado tensión con el Gobierno, que aboga por no incluir a violadores de DDHH.
Con todo, el segundo intento cuenta con pocas chances de prosperar ante el TC: por un lado, uno de los diputados firmantes optó a última hora por retirar su firma para evitar extender la tramitación del proyecto (lo que podría derivar en que sea retirado); y por otro, es probable que aunque los demás persistan, de todos modos sea desestimado nuevamente por lo ministros que esta noche descartaron la petición de los senadores, sobre todo considerando que el fondo del reclamo es el mismo.
Como sea, de ser promulgada la propuesta, en total serán cerca de 1.300 los internos -de población de riesgo- que podrán acceder a este beneficio de arresto domiciliario.
