El Partido Progresista, a través de Víctor Osorio, vicepresidente de la colectividad, anticipó que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para declarar la nulidad absoluta de la llamada Ley Humanitaria si es que llega a prosperar su tramitación en el Congreso.
Lo anterior, luego de una semana particularmente ajetreada en materia de Derechos Humanos. El jueves pasado, el presidente Sebastián Piñera ingresó un veto aditivo al ya aprobado proyecto que establece un indulto conmutativo a causa de la actual emergencia sanitaria, para que adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas -entre otros- que están en prisión, cumplan arresto domiciliario; excluyendo específicamente de este beneficio a quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad.
No obstante, este viernes, tras la votación al veto en el Congreso, un grupo de senadores de Chile Vamos decidió solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se declare inconstitucional la exclusión del resto de la población penal, es decir, a quienes estén cumpliendo pena por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco y otros centros de reclusión.
A ello se suma, en paralelo, que el Ejecutivo decidió poner discusión inmediata al proyecto conocido como “Ley Humanitaria” -ingresado a fines de 2018- que no hace esa distinción: en concreto, propone permitir a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de “invalidez total”, solicitar el beneficio conmutativo a un tribunal que acredite dichas condiciones de salud, cuya iniciativa a la fecha se encuentra en el Senado.
Por tanto, bajo dicho ese escenario, el Partido Progresista subrayó que es “política y éticamente imprescindible manifestar que se está en presencia de una maniobra del Gobierno y parlamentarios de Chile Vamos destinada a beneficiar con impunidad a violadores de los derechos humanos”.
Al respecto, Víctor Osorio, vicepresidente del Partido Progresista y director ejecutivo de la Fundación Progresa, advirtió que “los pactos y tratados internacionales que ha suscrito el Estado de Chile en materia de derechos humanos son categóricos en el sentido de que los condenados por delitos de lesa humanidad, agraviantes para la humanidad en su conjunto, no pueden ser acreedores de beneficio penitenciario alguno”.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en forma reiterada en ese sentido, declarando que son imprescriptibles, no amnistiables y no indultables y, por lo tanto, desde la colectividad enfatizan que el Estado de Chile ha aceptado la competencia “de pleno derecho” de la Corte, en circunstancias que la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados Parte a cumplir las sentencias de dicho organismo.
“Si la derecha en el Gobierno y el parlamento insisten en su maniobra de impunidad y ella se consuma, anunciamos desde ya que recurriremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar de nulidad absoluta la llamada ‘Ley Humanitaria’, basados en la certeza de que las facultades de los órganos co–legislativos chilenos y la facultad de otorgar indultos por el Presidente de la República están restringidas en casos de crímenes contra la humanidad”, aseguró el vicepresidente del PRO.
Por otra parte, indica que, con esta maniobra, la derecha no sólo se pone en contra de las disposiciones del sistema internacional e interamericano, sino que estaría “trasgrediendo la propia Constitución hoy existente, porque los derechos garantizados por la Convención Americana, además, son parte del derecho interno chileno”.
En ese sentido, Osorio acusó que es “particularmente escandaloso que la derecha pretenda ocupar la coyuntura abierta por la crisis del COVID–19 para lograr su viejo propósito de consagrar la impunidad a los violadores de los derechos humanos”.
