Un documento de Contraloría General de la República (CGR), en octubre pasado, los dejó en evidencia. El general de división, Carlos Roberto Ricotti Velásquez, desde anoche jefe de la defensa para la Región Metropolitana; y el general de brigada Patricio Christian Meriq Guilá, ahora a cargo de la región de La Araucanía a raíz del Estado de Catástrofe, figuran entre los 218 oficiales que recibieron asignaciones por concepto de fletes y exceso de equipaje -aéreo o marítimo- para sus destinaciones en el extranjero, entre 2016 y 2018.

En particular, de acuerdo al deglose del organismo fiscalizador, el Ejército entregó a Ricotti un total de 1.125 dólares (unos 820 mil pesos en ese entonces) por ese ítem y otros 13.200 dólares (unos 9,6 millones de pesos) para Meriq.

En total, los pagos -para los 218 oficiales- alcanzaron los 2,42 millones de dólares (1.767 millones de pesos), cuyo detalle fue entregado a la ministra en visita civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien investiga varios casos de corrupción castrense, entre ellos cómo se gastó y cómo se entregaba este beneficio en dinero a los oficiales que eran destinados al extranjero.

“No existió documentación -ya sea boletas, voucher, facturas, comprobantes u otros- que respaldara la efectiva utilización de dicho beneficio (…) asimismo es dable señalar que, lo proporcionado por el Órgano Castrense, es la única información en cuanto a respaldos de que se trata”, acusó el reporte de Contraloría.

Además de Ricotti y Meriq, en el registro aparecieron otros generales que actualmente forman parte del Alto Mando institucional, entre los que destacan Pablo Müller Barbería, subjefe del Estado Mayor General del Ejército; Osvaldo Vallejos, comandante de Bienestar; Carlos Castillo Villarroel, jefe de la Misión Militar de Chile en EE.UU; Jorge Morales, comandante en Jefe de la II División Motorizada; Rodrigo Valdivia Concha, comandante en Jefe de la I División de Ejército; y Luis Rojas Edwards, director de Educación, Doctrina y Entrenamiento.

Tras esta publicación, el Ejército se refirió al asunto e indicó que los generales aludidos “no han sido interrogados ni sometidos a proceso judicial alguno respecto de este preinforme de la CGR” y, pese a la objección del persecutor administrativo, insistieron en que los pagos de pasajes y fletes “cumplieron con las normas en ese momento existentes”.

Asimismo, se limitaron a aclarar que -producto de este asunto- los generales Ricotti y Mericq no tienen ningún impedimento para ejercer las funciones de Jefe de Defensa Nacional que les asignó el presidente Sebastián Piñera.