Dos funcionarias del Ministerio Público presentaron una querella contra el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, por el delito de apremios ilegítimos y abusos contra particulares. Acusan que se les realizaron preguntas relacionadas a su vida íntima y se les mantuvo en interrogatorios por más de ocho horas, sin descansos.
El persecutor se encargaba de la diligencias investigativas contra el fiscal regional Emiliano Arias y los hechos habrían ocurrido el 3 de mayo de 2019, en dependencias de la Fiscalia Rgional de O’Higgins.
Una de las afectadas detalló que Campos le consultó si es que el fiscal Arias habría sido el motivo por el término de una relación sentimental que ella sostuvo con un funcionario del Ministerio Público, algo que rechazó tajantemente.
Además, aseguró que el tipo de preguntas que le realizó Campos fueron efectuadas por su calidad de mujer y que tras el interrogatorio, que según señala duró cerca de 8 horas, terminó llorando.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalia Centro Norte, Macarena Pino, se refirió a esta presentación y explicó las causas de ella. Aseguró que los actos del fiscal Campos fueron vejatorios.
“La asociación de funcionarios generó una presentación al tribunal, que es una querella por apremios ilegítimos, que en este caso en mayo del año pasado, se tomaron declaraciones por la arista penal que investigaba el caso del fiscal regional de Rancagua”, sostuvo.
Asimsimo, agregó que “durante las tomas de declaración, él hizo preguntas que tenían que ver con su vida íntima, tomas de declaración de ocho horas sin derecho a ningún lapso de descanso que para nosotros son actos vejatorios”.
Las funcionarias acusaron además que luego de presentar los antecedentes ante el fiscal nacional Jorge Abbott, este les informó que “el consejo general del Ministerio Público, decidió desestimar que se tratara de una denuncia respecto de hechos constitutivos de delitos, además de rechazar las solicitudes de instruir una investigación administrativa”.
En la misma línea, aseguraron que esto constituiría una falta penal por “omisión de denuncia”. Por ahora será el Tribunal de Garantía de Rancagua quien deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de esta acción judicial.
