Este viernes comenzó a regir la Ley Consultorio Seguro, lo que fue valorado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich; el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga; y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
Esta iniciativa, que ya fue publicada en el Diario Oficial, endurece las sanciones para quienes agredan a funcionarios del sistema público de salud, como ha ocurrido con mayor frecuencia los últimos meses.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, reafirmó el compromiso del Ministerio de Salud para destinar recursos a los hospitales de El Pino y Padre Hurtado, dos de los más afectados por agresiones e incluso balaceras de bandas rivales, para aumentar las medidas de seguridad, entre ellas el cierre perimetral, mayor iluminación e instalación de cámaras de vigilancia.
La presidenta de la Confederación de Salud Municipal, Gabriela Flores, valoró la iniciativa y afirmó esperar que la Ley de Consultorio Seguro pueda reducir la violencia contra personal de recintos asistenciales.
Dicha opinión fue compartida por el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Meza, quien además recalcó la necesidad de mejorar la calidad de la atención y el acceso a insumos en el sistema público.
De acuerdo a la gravedad de las lesiones, las penas por agredir a un funcionario de la salud pueden ir desde los 10 años y un día de presidio en los casos más graves que impliquen la pérdida de autonomía del afectado; y de 541 días a cinco años de presidio si se provoca la incapacidad del trabajador para ejercer sus labores por más de 30 días.
Además, se establece una multa de 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales o una pena de prestación de servicios a la comunidad en caso de lesiones leves o sin daño.
