Nacional
S√°bado 30 noviembre de 2019 | Publicado a las 19:54
Revelan 5 comisarías que negaron entregar información de sus detenidos: son de Santiago y Concepción
Por Christian Leal
La información es de Comunicado de Prensa
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El proceso se desarrolló los primeros días de noviembre en 27 comisarías de tres regiones del país, permitiendo establecer que en un 70% de los casos se dio cumplimiento al libre acceso, denegándose su conocimiento en un tercio de las unidades ante una primera solicitud.

Desde el Consejo para la Transparencia (CPLT), su presidente, Jorge Jaraquemada, aclar√≥ que la entrega de informaci√≥n y el contenido de los registros es responsabilidad exclusiva de Carabineros, pero el Consejo como √≥rgano encargado de garantizar el derecho de acceso a informaci√≥n p√ļblica tiene la ‚Äúobligaci√≥n de velar por la publicidad de la informaci√≥n de √≥rganos del Estado y creemos que las acciones de fiscalizaci√≥n y recomendaciones que hemos remitido a Carabineros han permitido el cumplimiento mayoritario de una disposici√≥n establecida en la Constituci√≥n y en reglamentos internos de la polic√≠a uniformada, que reconocen el car√°cter p√ļblico de este registro‚ÄĚ.

Tras fiscalizar 27 comisar√≠as de las regiones Metropolitana, de Valpara√≠so y B√≠o B√≠o, la Unidad de Fiscalizaci√≥n del Consejo para la Transparencia (CPLT) estableci√≥ que un 70% de las unidades policiales dieron libre acceso al registro de detenidos, acorde a lo dispuesto en la Constituci√≥n (art. 19 N¬į 7 letra d)) y a normas internas de Carabineros de Chile (Reglamento N¬į22). El 30% restante deneg√≥ dar a conocer la mencionada fuente en una primera instancia y tras la identificaci√≥n de los funcionarios del organismo 5 comisar√≠as mantuvieron la negativa.

Ante ello, el titular del organismo, Jorge Jaraquemada, valor√≥ el cumplimiento de normas de transparencia por parte de la polic√≠a uniformada en la mayor√≠a de los casos y destac√≥ el desempe√Īo de algunas unidades en las que la informaci√≥n sobre personas detenidas se encontraba publicado en paneles murales de los mismos recintos.

Asimismo, subray√≥ que es Carabineros el responsable de la entrega y actualizaci√≥n de los contenidos de estos registros, pero que como √≥rgano encargado de garantizar el derecho de acceso a informaci√≥n p√ļblica el CPLT tiene la ‚Äúobligaci√≥n de velar por la publicidad de la informaci√≥n de √≥rganos del Estado y creemos que las acciones de fiscalizaci√≥n y recomendaciones que hemos remitido a Carabineros han permitido el cumplimiento mayoritario de una disposici√≥n establecida en la Constituci√≥n y en reglamentos internos de la polic√≠a uniformada, que reconocen el car√°cter p√ļblico de este registro‚ÄĚ.

Junto con ello, el CPLT advierte en su informe la preocupaci√≥n de la entidad dado que en los casos en que se deneg√≥ la solicitud para acceder a la fuente mencionada, esta eventual acci√≥n u omisi√≥n ‚Äúpodr√≠a privar, perturbar o amenazar el leg√≠timo ejercicio del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de las personas‚ÄĚ. En oficio remitido a la polic√≠a uniformada (N¬į1810, del 22 de noviembre de 2019) se explicita que: ‚Äúresulta especialmente preocupante para este Consejo, m√°s a√ļn, considerando que en 5 de las 9 Comisar√≠as ‚Äďque representaron un tercio de las unidades fiscalizadas- no fue posible acceder de ninguna forma al Registro de Detenidos, ni a√ļn ante un segundo requerimiento de los funcionarios de este Consejo, habi√©ndose identificado como tales‚ÄĚ.

El CPLT hab√≠a comunicado con anterioridad a Carabineros y a otros organismos vinculados con seguridad p√ļblica en el contexto de la declaraci√≥n de Estado de Excepci√≥n Constitucional de Emergencia (Oficio N¬į1706, del 25 de octubre de 2019), que en todas las unidades policiales o lugares de detenci√≥n debe dejarse constancia de la respectiva orden que instruye el arresto, detenci√≥n o condici√≥n de procesado o preso de una persona determinada.

‚ÄúCreemos que las recomendaciones que enviamos a distintas instituciones vinculadas con seguridad p√ļblica, incluyendo Carabineros, hace un tiempo y que apuntaban a materias de transparencia proactiva han permitido mantener niveles de informaci√≥n altos en materias de inter√©s p√ļblico‚ÄĚ, afirm√≥ Jaraquemada.

Como respuesta a dicha comunicaci√≥n, el Jefe del Departamento de Informaci√≥n P√ļblica y Lobby de la instituci√≥n uniformada respondi√≥ al Consejo (Oficio N¬į 283 del 7 de noviembre de 2019) explicitando que ‚Äúen todas las Unidades Policiales del pa√≠s existe un registro de detenidos de car√°cter p√ļblico en conformidad a lo dispuesto en la norma constitucional a que se ha hecho referencia, la que para su aplicaci√≥n ha sido especialmente informada y reiterada por diversos Estamentos Institucionales‚ÄĚ. Asimismo, especific√≥ que dicha repartici√≥n hab√≠a reiterado a las Jefaturas de Zona las instrucciones relacionadas con la publicidad de la informaci√≥n contenida en los libros de registro p√ļblico de detenidos. El detalle de este tipo de registros constan adem√°s en el Reglamento N¬į 22 de Carabineros de Chile.

La fiscalización fue una medida impulsada por el Consejo Directivo del CPLT derivado de una denuncia ingresada ante el organismo el pasado 24 de octubre en contra de la 4ª Comisaría de Santiago, fundada en la denegación de acceso al registro de personas detenidas, con entre otros fines, informar sobre la regulación existente sobre la materia. Las unidades policiales seleccionadas se localizan en zonas en las que medios de comunicación dieron cuenta de procesos de detenciones masivas derivadas de las manifestaciones ciudadanas.

Comisarías que no autorizaron el acceso

Las unidades policiales en las que se deneg√≥ el acceso a la informaci√≥n corresponden a tres recintos de la regi√≥n del B√≠o B√≠o ‚Äď 1¬™ y 2¬™ Comisar√≠a de Concepci√≥n y 6¬™ Comisar√≠a de San Pedro de La Paz– y dos de la capital ‚Äď 9¬™ Comisar√≠a de Independencia y 60¬™ Comisar√≠a de Santiago-.

Entre las razones aludidas para denegar el acceso al contenido fue estar autorizado s√≥lo para personal instituciones ‚Äúfacultadas‚ÄĚ, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o abogados defensores con orden judicial, o que el acceso deb√≠a requerirse a trav√©s de una solicitud de acceso a la informaci√≥n p√ļblica.

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