La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció el respaldo del Gobierno a un proyecto de ley que busca calificar como infracción grave el propagar tendencias y “adoctrinamiento político” en las escuelas.
La iniciativa busca que “cuando este comportamiento se torna grave y reiterado las sanciones a los colegios puedan llegar incluso a la pérdida de reconocimiento oficial”. El proyecto será presentado, indicaron, por diputados de la Comisión de Educación de la Cámara.
Según la secretaria de Estado, el proyecto se fundamenta en el Artículo 19, numeral 11, que consagra que “la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”.
Asimismo, hizo referencia a la Convención de los Derechos de los Niños, por cuanto busca garantizar el derecho de los menores “a su inocencia, libertad de pensamiento y de conciencia”, indicó.
El adoctrinamiento, argumentó, “es una forma de violencia, quizás una violencia menos visible que un overol blanco tirando una molotov, pero ver a un niño de jardín infantil repitiendo como si fuera un juego consignas políticas que una educadora les enseña es violento”.
Denuncias
La ministra aseguró que durante el último mes han recibido “a diario muchas denuncias” de casos de presunto adoctrinamiento político en escuelas, por los que tomarán una serie de medidas.
En total, serían cerca de 28 las denuncias recibidas por la superintendencia de Educación durante las pasadas dos semanas, entre las que se incluyen videos de menores cantando consignas contra el presidente Sebastián Piñera y contra Carabineros en patios y salas de clases de sus colegios.
Algunos de estos fueron presentados por el Mineduc antes de presentar las medidas.
Junto con el proyecto de ley, oficiarán a Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) para que interpongan medidas de protección para resguardar los derechos de los en este ámbito.
Todo esto, por cuanto “el Mineduc no tiene facultades de fiscalización o sanción respecto de materias como la vulneración de derechos de la niñez, ni atribuciones para actuar directamente ante Tribunales de Justicia”.
