La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por un excarabinero al que la institución uniformada le descontó el dinero de su fondo de desahucio por un préstamo que adeudaba.

Luego de prestar servicios por 18 años, seis meses y ocho días, en noviembre de 2015 el funcionario policial, Helmut Leal Solis, fue desafectado de institución, razón por la que en octubre de 2018 decidió solicitar a la Tesorería de Carabineros la respectiva devolución de sus imposiciones.

En total, Leal Solis acumulaba poco más de $2,7 millones, los que esperaba recibir mediante un cheque en la prefectura de Valdivia. Como aquello jamás ocurrió, llamó directamente a Tesorería desde donde le indicaron que el dinero de sus imposiciones había sido transferido al Departamento de Acción Social para saldar una deuda pendiente que mantenía.

Por lo anterior, el uniformado recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, tribunal que resolvió rechazar el recurso descartando arbitrariedad o ilegalidad en el accionar de la Tesorería Institucional de Carabineros.

No obstante lo anterior, el expolicía apeló a esta decisión en el Máximo Tribunal, lugar donde su acción judicial fue acogida de forma unánime por la Tercera Sala.

“Que conforme a las normas precedentemente citadas la regla general en materia de devolución de las imposiciones a un funcionario que no cumple con el tiempo mínimo para obtener una pensión de retiro, es que ésta se realiza de manera íntegra, sin descuentos, salvo aquellos correspondientes a deudas alimenticias decretadas judicialmente”, detalle el fallo judicial.

Con todo, la Suprema catalogó como ilegal el actuar de la Tesorería por “atribuirse facultades que no están contempladas en el ordenamiento jurídico” y con eso, vulnerar el derecho a la propiedad del exuniformado.