Esta mañana, la pugna que enfrenta al Tribunal Constitucional (TC) con la Corte Suprema fue a parar a La Moneda en una reunión entre el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, instancia de la cual también participaron Andrés Chadwick, Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel.

Tras la cita, Larraín se pronunció oficialmente respecto de este conflicto, al que calificó como “grave”, motivo por el cual podrían intervenir de manera “normativa”.

“Creemos que un conflicto de esta naturaleza, una contienda de competencia de esta índole, es extraordinariamente delicada y grave, porque de alguna manera pone en cuestión nuestro ordenamiento institucional”, dijo Larraín ante la prensa apostada en Palacio.

De esta manera, evitando apoyar a cualquiera de las partes, endosó en ellas mismas la responsabilidad de subsanar las diferencias con altura de mira y dijo esperar que con diálogo se llegue a una solución.

“Como Gobierno hacemos un llamado a ambas instituciones a que de común acuerdo busquen un camino de solución a esas diferencias que se han manifestado públicamente”, señaló.

Tras ello, dejó en claro que el Ejecutivo no es un órgano que bajo el orden constitucional tenga por objetivo dirimir una contienda de esta naturaleza, pero advirtió que podrían intervenir en caso que no se llegue a buen puerto.

“Nos reservamos también el derecho, en su momento, de intervenir de una manera normativa. Es decir, propiciando reformas constitucionales, cambios a la ley orgánica o propiciando leyes que puedan, de alguna forma, contribuir a resolver esta situación si acaso no lo han hecho directamente ambas instituciones”, aseveró Larraín.

El conflicto tuvo su génesis el lunes, luego que la Tercera Sala del máximo tribunal del país, de corte constitucional, rechazara un recurso de protección presentado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch) contra una resolución del TC que declaró inaplicables las normas de tutela laboral en empleados del Estado.

Ese fallo, a su vez, refutó un argumento de la Corte de Apelaciones que había rechazado anteriormente el recurso de la Asemuch, afirmando que la Suprema, como tribunal de última instancia, sí tiene las facultades para revisar las sentencias del TC cuando se ven vulnerados derechos fundamentales.