La ministra de Educación, Marcela Cubillos, confirmó en el Senado que no asistirá a la comisión que está revisando la acusación constitucional en su contra.
Asimismo, respondió al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, quien apuntó a una falta de humildad de la titular de Educación, al invocar la “cuestión previa”.
Cubillos aseguró que este debate se está dando en términos jurídicos y que está haciendo uso de su derecho de invocar la cuestión previa para que dicha acusación quede como “no presentada” en la Cámara de Diputados.
Asimismo, tampoco hará uso de la palabra cuando el libelo llegue a la sala de la Cámara de Diputados este martes.
Cinco capítulos
Previamente, su abogado Francisco Cox, asistió a la comisión adelantando la decisión de la ministra, agregando que la defensa se hará en la sala de la Cámara.
Pasada las 23:00 horas del lunes, la ministra entregó por escrito de la defensa a la acusación constitucional en su contra, quedando pendiente aún si es que comparece o no ante la comisión revisora del libelo para complementar sus descargos.
La respuesta de la titular de la cartera parte alegando la cuestión previa de admisibilidad a fin de que se tenga la “acusación por no presentada para todos los efectos legales, atendido que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución”.
De este modo, la secretaria de Estado señaló que este fue su momento para entregar los argumentos jurídicos que desacreditan, a su juicio, la acusación constitucional. “Hoy es el momento de contestar jurídicamente a la acusación”, subrayó la ministra de Educación.
En concreto, sólo para el evento que la cuestión previa no fuera acogida, Cubillos también respondió en el escrito a los cinco capítulos de la acusación, en lo que -entre otras cosas- critica que el líbelo acusatorio cite “parcialmente decisiones de órganos públicos”.
En particular, respecto al Capítulo Segundo, el cual señala que la ministra habría incurrido en una infracción por el envío de correos a apoderados sobre “Admisión Justa”, reclama que la infracción alegada “ha sido expresamente descartada por los órganos competentes para pronunciarse al respecto: la CGR y el Consejo Para la Transparencia”.
