Nacional
Jueves 05 septiembre de 2019 | Publicado a las 23:50
INDH pide agilizar gestiones con Interpol para investigar caso de adopción irregular en dictadura
Por Nicolás Díaz
La información es de Nicole Venegas
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Ante un nuevo caso de adopciones irregulares en Chile durante la dictadura militar, el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago agilizar las diligencias con la Interpol, para avanzar en esta investigación.

Lo anterior luego que una de las víctimas lograra contactarse el pasado 20 de agosto con su hijo Martín, por primera vez desde que se lo arrebataron en 1983.

Por esta razón, el INDH solicitó al ministro en visita que indaga adopciones irregulares, Jaime Balmaceda, que la Interpol acelere las diligencias.

El abogado del INDH, Pablo Rivera, afirmó que dicha solicitud se traduce en una mayor cooperación internacional con Suecia, país donde se encuentra el hijo de la víctima.

El caso comenz√≥ hace 36 a√Īos, cuando Juana Hinojosa, luego de tener a su hijo en el Hospital Jos√© Joaqu√≠n Aguirre, fue obligada a subir a un veh√≠culo con el reci√©n nacido y el abuelo del ni√Īo.

Posteriormente fueron llevados hasta el Primer Juzgado de Menores de Santiago, donde le arrebataron a su hijo y la secuestraron durante nueve días.

La afectada solicit√≥ poder encontrarse f√≠sicamente con su hijo y agradeci√≥ las gestiones realizadas hasta ahora, expresando que “nunca baj√© los brazos por mi hijo, porque es el √ļnico hijo que tengo”.

Seg√ļn cifras del INDH, en Chile existen 3 mil denuncias por adopciones irregulares, efectuadas entre los a√Īos 1950 y 2000, adem√°s de 400 causas judiciales en curso.

Sin embargo, la Agrupaci√≥n de Hijos y Madres del Silencio estima que fueron 20 mil los ni√Īos y ni√Īas enviados fuera del pa√≠s.

La presidenta de la organización, Marisol Rodríguez, solicitó que se agilice la creación vía decreto, de la Comisión Nacional de Verdad sobre Adopciones Irregulares, establecida en el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

El informe, aprobado en julio, acreditó la participación de agentes del Estado en diversas instancias del proceso de entrega ilegal de menores, quienes se encontraban fundamentalmente en establecimientos de salud.

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