Para las 14:30 horas de este lunes fue convocada la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados -en una de sus dos sesiones especiales citadas durante esta jornada- con el objetivo de discutir en particular y votar el proyecto que busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas.
A la instancia, la oposición acudirá con una nueva propuesta en materia de gradualidad y aumentará de tres a cinco años el periodo con el cual contarán las Pymes para reacomodar sus operaciones a la nueva normativa y carga horaria.
Lo anterior se estableció tras el acuerdo al que se llegó con la Democracia Cristiana (DC) y el resto de la oposición este mediodía tras una reunión entre legisladores de la bancada transversal con representantes de las Pymes. Aquello significará el ingreso de una indicación al respecto.
“Estamos trabajando en conjunto para que esto avance por el bien de los trabajadores en unidad como oposición y entendiendo la realidad particular de las Pymes”, dijo la impulsora de la iniciativa, la diputada comunista Camila Vallejo.
“Toda la disponibilidad nuestra. Es algo en lo que estamos en pleno acuerdo con parlamentarios de la bancada de 40 horas, desde el PC a la DC y, por lo tanto, para nosotros es muy importante que esto avance”, añadió la exlíder estudiantil.
No obstante lo anterior, ser parte de la gradualidad a cinco años estará sujeto a tener como tope de ventas anuales un máximo de 75 mil UF, según pidió la DC a través del diputado Gabriel Silber.
“Dijimos que era una buena iniciativa pro trabajadores. Había que conciliarlo también respecto del empleo y, particularmente, del tratamiento de las Pymes. Como señalamos de manera enfática, estas exigencias se están cumpliendo: nosotros podemos señalar que hay un nivel de acuerdo importante”, sostuvo Silber.
Pese a que desde el oficialismo las críticas se intensificaron, la presidenta de la comisión en cuestión, Gael Yeomans, desestimó que esté incumpliendo urgencias legislativas, como acusaron desde Chile Vamos.
“Los presidentes de las comisiones, al igual que yo, tenemos la facultad de citar a sesiones especiales para conocer mociones parlamentarias y en el caso de las urgencias de estos proyectos de Ley están vencidas desde la semana pasada”, aseveró.
“El Gobierno no renovó la urgencia, o sea, en este mismo momento, los proyectos de Ley no están en la comisión, así de simple. O sea, hoy día acá el Ejecutivo es el que tiene que responder sobre las urgencias”, afirmó la frenteamplista.
Tras dos años en el Congreso, el proyecto de Vallejo llega a un momento crucial, lo que justamente le molesta al Gobierno, motivo por el cual el avance de la medida fue recibido con una embestida de La Moneda, que impulsa su propia iniciativa que potencia una jornada de 41 horas con flexibilidad laboral.
Las maniobras oficialistas en contra de 40 horas han sido calificadas por la oposición como una “campaña de terror”, aunque el Ejecutivo justifica su postura en base a una posible inconstitucionalidad, ya que el proyecto generaría gasto fiscal, argumento al cual se sumó un informe emitido por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, documento que cifró en US$2.400 millones la pérdida que sufriría el erario fiscal por concepto de impuestos que no podrían ser recaudados debido al aumento de costos.
Debido a lo anterior, en el oficialismo han intensificado la coordinación y las reuniones con el propio ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, con el objetivo de aunar posturas y dilatar el avance del proyecto de Vallejo.
Pese a ello, la oposición espera despachar a Sala el proyecto esta tarde, pasadas las 19:00 horas, hora para la cual se programó el fin de las sesiones especiales convocadas.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Cadem válidos por la primera y segunda semana de agosto, el proyecto de Vallejo contó en tales mediciones con un 74% y 70% de apoyo ciudadano, respectivamente.
En la siguiente edición de la encuesta, durante la tercera semana de agosto, la idea de rebajar la jornada laboral le trajo buenos resultados en materia de aprobación a la diputada comunista, ya que pasó de un 31% de adhesión a un 42% en un mes, aunque mantuvo su conocimiento en 91% comparando los registros de mayo y agosto.
