En el Primer Juzgado de Garantía de Santiago -a puertas cerradas- se llevó a cabo el control de detención y formalización de cinco personas, acusadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente, de falsificación de instrumento público, cohecho y delito informático, luego que se descubriera la venta de pasaportes falsos que involucra al Registro Civil.
Según información de El Mercurio, los imputados fueron individualizados como Andrés Meza, David Contreras, Juan Manuel Iriarte, Raúl Salazar y Carolina Bevensee, esta última, registrada hasta julio como funcionaria del organismo.
Ante estos antecedentes, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, cuestionó al organismo, señalando que “hace tiempo que está dando cuenta de fatiga. Hay que reformular el Registro Civil. La pregunta que me haría es: ¿está preparado para administrar la fe pública en Chile?”.
La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización en la Cámara Baja, la Demócrata Cristiana Joanna Pérez, anunció que se discutirá el aumento de penas para este tipo de delitos.
Según la indagación que lleva adelante el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel, Eduardo Baeza, los funcionarios habrían cobrado 700 mil pesos por la emisión de estos pasaportes. Desde el Registro Civil declinaron entregar declaraciones, pero señalaron que se despidieron a los involucrados y se abrieron sumarios internos.
Más de 30 pasaportes adulterados ya fueron identificados, mientras que -de forma reservada- se conocería de la totalidad de ellos (sin precisarse el número), por lo que fueron bloqueados por el Registro Civil, dándose cuenta también a las policías internacionales a nivel global, detalla el matutino.
