El ex comandante en jefe del Ejército, el general en retiro Humberto Oviedo, afirmó que el sistema penal no está respetando sus garantías constitucionales. Esto, luego que la ministra Romy Rutherford resolviera someterlo a proceso por el delito reiterado de malversación de caudales públicos.
La noche del sábado, la ministra en visita de la Corte Marcial resolvió procesar a la exautoridad castrense por el delito reiterado de malversación de caudales públicos por un monto cercano a los $4.596 millones.
En el procesamiento es clave la declaración del exjefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, el coronel Sergio Vásquez Undurraga, quien confesó a la jueza que el general Oviedo, cuando recién asumió el mando, sostuvo una reunión con el coronel Jorge Cortés, quien le hizo una exposición donde le explicó que los comandantes en jefe tenían ingresos extraordinarios por ocho millones de pesos mensuales y un millón 300 mil dólares disponibles anualmente.
Vásquez sostuvo en su declaración que el nuevo jefe castrense aceptó la entrega de estos dineros de “libre disposición”. Precisó que no se llevaba ningún registro del uso de estos fondos y que el mismo Oviedo ordenaba “triturar” cualquier rendición.
La jueza tuvo acceso a la cuenta bancaria del BCI del ex comandante en jefe donde se detallan 34 depósitos en efectivo por 155 millones 559 mil pesos entre marzo de 2014 y febrero de 2018; ocho depósitos a una cuenta de ahorro del Banco Estado por 19 millones 394 mil pesos entre el 2015 y 2017; y 25 millones de pesos a la cuenta corriente de este mismo banco en diciembre de 2017, depósitos en total suman $199.954.332, los que según Rutherford “provendrían de gastos reservados”.
Oviedo asegura que demostrará su inocencia
Al respecto, Oviedo se defendió a través de un escueto comunicado, asegurando que su defensa demostrará su inocencia en el delito que se le imputa.
En el texto el excomandante en jefe señaló desconocer cómo se configuró el monto, asegurando que intuye que sólo se trata del total de gastos reservados asignados a la Comandancia en Jefe del Ejército durante los cuatro años de su mandato (2014-2018).
En este sentido manifestó que le resulta ilógico que se le atribuya el uso irregular de 4.500 millones de pesos, por lo que espera que todo se aclare con la investigación.
“Mi patrimonio personal, el de mi esposa e hijos es la mejor prueba de que resulta imposible atribuirme el desvío de fondos públicos en mi beneficio”, agrega el documento, asegurando que durante su mandato veló por el uso riguroso de fondos asignados.
En relación al proceso iniciado en su contra, enfatizó que su defensa “hará uso de todos los recursos que provee la ley para demostrar mi inocencia, en el contexto de un sistema de persecución penal que no respeta mis garantías constitucionales”.
“Es por ello que he recurrido al Tribunal Constitucional, quien ordenó la paralización de la causa en mi contra en enero de este año. Lamentablemente debo constatar que no se ha cumplido esta resolución”, finalizó Oviedo.
Asimismo, el abogado de la exautoridad castrense, Gonzalo Rodríguez, presentó su apelación a la Corte Suprema, luego que la Corte Marcial rechazara dos recursos de amparo, acusando un actuar arbitrario e ilegal de Rutherford.
“Gobierno respalda a la justicia”
En diputado del Frente Amplio Jorge Brito, quien fue presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara encargada de analizar el eventual fraude en el Ejército, llamó a la clase política a replantear la forma en que se entregan y distribuyen los gastos reservados del Ejército.
“Sería importante preguntarle al exministro Ravinet, Allamand y Hinzpeter, dónde estaban ellos, sabían o no sabían, no se dieron cuenta”, apuntó.
El que también fue parte de la instancia, el UDI Álvaro Carter, reconoció “que es difícil que ninguna autoridad política no se haya dado cuenta” de los millonarios desfalcos.
Mientras, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, mostró su respaldo a la resolución de la jueza. El titular de la cartera agregó que no hay responsabilidades políticas en los fraudes, ya que los gastos reservados son manejados por los respectivos comandantes en jefe del Ejército.
“El Gobierno respalda absolutamente la acción de la Justicia frente a un hecho totalmente condenable, de resultar efectivo y cierto de que sea han mal utilizado o ha habido malversación de recursos públicos por parte de una exautoridad del Ejército de Chile”, dijo Chadwick.
