La ministra en visita Romy Rutherford continuó con las diligencias por la malversación de caudales públicos en el Ejército y careó al excomandante en jefe de la institución, el general retirado Humberto Oviedo, con un exjefe de finanzas castrense que entregó información “clave” a la magistrada.
En tanto, el ministro de Defensa Alberto Espina estimó que quienes hicieron mal uso de los gastos reservados del ejército afectaron la seguridad nacional, pero evitó calificar el desfalco como una “traición a la patria”.
Por una hora y media fue careado el exjefe máximo del ejército con el coronel Sergio Vásquez Undurraga, quien ocupó el cargo de jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército durante el periodo de Oviedo, es decir, entre el 2014 y 2018.
Este oficial se encuentra procesado por la jueza Rutherdford en la arista “Agencias de Turismo” por uso irregular de dineros fiscales para viajes de placer.
Oviedo fue trasladado al tribunal desde el regimiento de policía militar de Peñalolén, donde desde el martes cumple prisión preventiva como presunto autor de malversación de caudales públicos por 2.500 millones de pesos, que es la suma de los fondos a los que tuvo acceso durante su mando.
El abogado defensor del excomandante en jefe, Gonzalo Rodríguez, sostuvo que el patrimonio de su cliente es cercano a los 600 millones de pesos, de los cuales debe a la banca privada cerca del 50%.
En tanto, el ministro de defensa, Alberto Espina, pidió “duras sanciones” para quienes resulten responsables del eventual delito de gastos reservados al referirse a las investigaciones sobre los excomandantes en jefes Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente Alba.
Dijo que el mal uso de los gastos reservados afecta a la seguridad nacional, pero descartó calificar las presuntas actuaciones punibles de los altos oficiales como una “traición a la patria”.
Ayer se conoció el informe de la ministra Rutherdford donde defendió la diligencia que desarrolló en el domicilio del general Oviedo.
Explicó que el interrogatorio contó con las notificaciones respectivas, que en principio se le informó una dirección que no correspondía al departamento en Vitacura del inculpado y descartó cualquier vulneración a sus derechos fundamentales.
