Ocho de los 19 ministros que integran la Corte Suprema estarían inhabilitados para resolver el futuro en el Poder Judicial de los tres jueces de Rancagua suspendidos por tráfico de influencias.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó de “dolorosa” la situación que afecta a los tribunales y fiscales a la región de O’Higgins.
Este viernes, el pleno de la Corte Suprema conocerá el informe de la ministra Rosa María Maggi, que propone sanción máxima (cuatro meses de suspensión y la apertura de un proceso de remoción) para los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Los cargos implican graves faltas a la probidad administrativa por recibir préstamos de otros jueces, de amigos que tenían procesos pendientes en sus tribunales, por cambiar integración de salas, entre otras situaciones.
Se espera que mañana en la Suprema pongan fecha para la audiencia que resolverá el futuro de los tres ministros. Mientras, este jueves el abogado Isidro Solis, defensa del juez Vásquez, pidió alegatos para esa audiencia.
El jurista reconoció que hay integrantes de la Corte Suprema que ya emitieron su opinión y que podrían ser recusados. Es decir, que queden inhabilitados para fallar.
Nueve a ocho
El pasado 17 de abril, a petición de los integrantes de la tercera sala de la Corte Suprema, se desarrolló un pleno para resolver la expulsión de los tres ministros investigados, bajo el considerando tercero del Artículo 80 de la Constitución.
La moción fue rechazada por nueve votos a ocho. Es decir, ya habría una opinión previa de ocho supremos por abrir un proceso de remoción, situación que -eventualmente- deberían fallar por segunda vez, lo que impide la ley.
Crisis en el Poder Judicial
Al ministro Larraín le causa “un cierto dolor” el conflicto que afecta al los jueces y fiscales, pero destacó la “tranquilidad” de que las instituciones hayan funcionado en este caso.
De forma paralela, el Juzgado de Garantía de Rancagua resuelve este viernes si aplica el sobreseimiento a la querella que interpuso Sebastián Davalos Bachelet contra los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya, por eventual filtración de antecedentes en el caso Caval.
