El jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, quitó las causas de alta connotación pública a la Fiscalía Regional de O’Higgins y ordenó intervenir esta unidad con contralores de Santiago, en medio de la crisis provocada por las denuncias cruzadas entre el suspendido fiscal regional Emiliano Arias y Sergio Moya.
De esta forma, el caso de los delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica y el presunto encubrimiento de estos ilícitos por parte de la curia chilena, pasará a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte a cargo de Xavier Armendáriz.
Asimismo, la investigación por tráfico de influencias y prevaricación a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y la millonaria malversación en el teatro municipal de esa ciudad, quedará en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur con Héctor Barros.
Y por último, las irregularidades en las listas de espera o GES en los hospitales de la región de O’Higgins, quedará a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente de José Luis Pérez Calaf.
Por otro lado, el fiscal Sergio Moya dejará su dedicación exclusiva en la Fiscalía Sur, y por ende el caso que lo llevó a formalizar al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, y volverá a su cargo como jefe de la Unidad de Alta Complejidad en esa ciudad.
Así también, Abbott instruyó a la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional constituirse en la Fiscalía Regional de O’Higgins y auditar los procedimientos investigativos.
De esta manera la Fiscalía que encabeza el suspendido fiscal Emiliano Arias queda sólo con tres casos de alto interés público, la arista por estafa en el caso Caval, los incendios forestales de presunta responsabilidad de la compañía eléctrica CGE y la compra de estatuas y monumentos que involucra al empresario Raúl Schüler.
La vocera de la Fiscalía Nacional, la directora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, reconoció que Abbott tomó estas decisiones para enfrentar la crisis que vive la institución y en particular la Fiscalía de Rancagua.
“Es una situación que sin dudas es más que lamentable para la institución, pero se están llevando a cabo todos los cursos de acción que la ley contempla para estos casos y se están llevando a cabo todas las investigaciones”, apuntó.
“Confiamos en que todas estas investigaciones se estaban llevando a cabo con plena objetividad, respetando la presunción de inocencia, pero también con la celeridad que ello requiere, por lo tanto tenemos la tranquilidad en ese sentido”, agregó Herrera.
Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, espera que la investigación no decaiga en manos de la Fiscalía Sur, en momentos que se aprestaban a formalizar a dos miembros de la curia chilena.
“Esperamos no quitar toda la dedicación que están aplicando en las investigaciones a la Iglesia Católica. Que estos cambios que se están provocando, no sean razón para atrasar las investigaciones y que todo esto facilite un mejor trabajo”, opinó.
Recordemos que este escándalo comenzó con la investigación a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde Moya logró formalizar a Emilio Elgueta por enriquecimiento ilícito y prevaricación.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, reconoció que toda esta crisis afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“La ocurrencia de estos hechos lesionan la credibilidad y eso es lo que a nosotros nos importa”, sostuvo.
En el ámbito penal, el fiscal Eugenio Campos le tomó declaraciones a Moya y Arias y al personal de la Fiscalía Regional de O’Higgins. Pero además, tuvo que declarar en la investigación administrativa que lleva el fiscal Alberto Ayala.
Los sindicatos de trabajadores de esa unidad se quejaron con una carta al fiscal Abbott por el trato de Campos en las diligencias, lo que el fiscal de Magallanes desestimó.
“Estoy absolutamente tranquilo. Sabemos que a los llamados que hace el fiscal, todos los empleados públicos estamos obligados a comparecer (…) acá no hay grupo privilegiado”, enfatizó.
En la última jornada, Moya declaró ante el fiscal Alberto Ayala por la denuncia de Sebastián Dávalos Bachelet contra el fiscal Arias por la presunta filtración de información en el caso Caval.
Además la defensa de Arias recurrirá con un recurso de protección contra Abbott por la suspensión de su cargo.
