La defensa de Marco Enríquez-Ominami logró el sobreseimiento del excandidato presidencial por delitos tributarios en el Caso OAS, aunque se mantuvieron los cargos por fraude al Fisco. Tanto la Fiscalía como la defensa del líder del PRO, confirmaron que recurrirán a la Corte de Apelaciones.
En marzo pasado, Marco Enríquez-Ominami cambió de abogados y recurrió a la Defensoría Penal Pública para su representación ante la justicia en los delitos tributarios por los que es investigado.
Recordemos que el excandidato presidencial fue formalizado en el Caso Soquimich, que investiga el fiscal Pablo Gómez, y en el Caso OAS, indagado por la fiscal de alta complejidad, Ximena Chong.
De esta forma, la defensa del exdiputado del Partido Socialista quedó compuesta por los abogados Carlos Mora, jefe de la Defensoría Penal Pública en la región Metropolitana, y Octavio Sufan, jefe jurídico del mismo organismo en esa zona.
Ambos juristas, Mora y Sufan, cuentan con una amplia y positiva trayectoria, pues lograron el sobreseimiento, precisamente, del padrastro de Marco Enríquez-Ominami, Carlos Ominami, en el Caso Soquimich, y también consiguieron que la justicia no siguiera investigando a Jorge Insunza, exministro de Michelle Bachelet durante su segundo mandato.
Esta vez, y siguiendo con la tónica, ambos abogados impidieron la reapertura de la investigación, como lo solicitaba el Consejo de Defensa del Estado, y lograron sobreseerlo de la acusación por delitos tributarios, donde el Ministerio Público pedía cuatro años de presidio en su contra.
Una vez más la ausencia de una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), fue el argumento principal para un fallo a favor del excandidato, que se encuentra acusado por delitos tributarios por dos facturas falsas de casi 180 millones de pesos cada una.
Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el sobreseimiento por los cargos de fraude fiscal, debido a irregularidades en las devoluciones de gastos en su última campaña.
El abogado Carlos Mora insistirá ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que en el resto de las candidaturas es un “administrador electoral” el encargado de la rendición de los gastos y no el candidato.
“Estamos convencidos de que Marco (Enríquez-Ominami) no puede ser condenado por ese delito, dado que la ley le aplica todo tipo de regulación y responsabilidad al administrador electoral, que no era nuestro representado”, explicó.
“Estamos convencidos que la Corte de Apelaciones, frente a nuestro recurso que presentaremos, nos dará lugar a aquello”, estimó Mora.
Mientras, la fiscal Ximena Chong se manifestó confiada en revertir en el tribunal de alzada de Santiago el sobreseimiento de Enríquez-Ominami por delitos tributarios, aunque reconoció la traba que existe gracias a la exclusividad del SII para perseguir estos delitos.
“Lo que nosotros sostenemos es que basta el anuncio del querellante de los hechos, porque es resorte del Ministerio Público la determinación de las participaciones, y eso mismo es lo que vamos a intentar obtener, el pronunciamiento favorable revocatorio de la Corte de Apelaciones”, señaló.
Destacar que el tribunal también rechazó la reapertura de la investigación, solicitud realizada por el Consejo de Defensa del Estado, y el alzamiento del secreto bancario –con autorización judicial en su caso- de la cuenta en la que el excandidato presidencial pidió el depósito del financiamiento público de su campaña política.
El objetivo de estas diligencias era la realización de un informe pericial para determinar el destino de los dineros por concepto de financiamiento político.
Apuntar que en el caso de las candidaturas de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet fueron sus administradores electorales quienes enfrentaron a la justicia, Santiago Valdés y Giorgio Martelli, respectivamente.
