Jean Pierre Matus, quien formó parte del máximo tribunal en 2018, fue contratado desde el 30 de noviembre pasado por la institución castrense, con el objetivo de brindar asesoría legal en una materia que amenaza con arrastrar hasta los tribunales a decenas de generales y coroneles: el uso de pasajes fiscales para ir de vacaciones, entre otros destinos, a Disney y Punta Cana. En su informe, al que accedió el centro de investigación periodística Corresponsal, el jurista alega que quienes recibieron ingresos irregulares podrían solicitar su condonacion «por haber incurrido en una justa causa de error». Matus presentó su renuncia al cargo para el período 2019.
Jean Pierre Matus, abogado integrante de la Corte Suprema durante 2018 y académico de la Universidad de Chile, fue contratado como asesor de la Comandancia en Jefe del Ejército, para encarar la crisis desatada por los millonarios pagos irregulares de pasajes y fletes a generales y coroneles, según información recabada por el sitio web de investigación periodística Corresponsal.
“Entre mis clientes se encuentra el comandante en jefe del ejército, a quien asesoro desde fines de octubre de 2018, a honorarios. No asesoro a ningún otro integrante o exintegrante de la institución”, confirmó el propio Matus, por correo electrónico.
El jurista, quien descartó que sus honorarios sean financiados con gastos reservados, sostuvo que su apoyo legal se circunscribe solo a la revisión de procedimientos y reglamentos para evitar futuros fraudes.
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No obstante, la propia institución entregó un informe en que Matus analizó la legalidad de los desvíos de fondos públicos, a través de la compra de pasajes.
Matus, en todo caso, para el período 2019, renunció a su cargo en el máximo tribunal.
“Justa causa de error”
“Por encargo de la Comandancia en Jefe he revisado el Informe de Investigación Especial 01/2018 Sección Pasajes y Fletes del Comando de Personal del Ejército”, redactó el miembro de la Corte Suprema en ese escrito.
Matus, quien fuera candidato a decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, concluyó en su informe que “en la medida que no existieren abusos evidentes en el uso de los recursos asignados para las comisiones de servicios”, los militares podrían solicitar devolver los dineros mal habidos a través de “descuento por planilla o (incluso) una rebaja o condonación”.
A juicio del jurista, el Estado puede renunciar a recuperar el dinero eventualmente malversados, debido a que los militares podrían alegar “haber incurrido en una justa causa de error”, debido a que el mal uso de los pasajes era una práctica habitual.
“Se trata de un error generalizado en la institución, lo que debería tomarse en cuenta al momento de determinar las responsabilidades administrativas”, propuso el entonces miembro de la Corte Suprema.
Investigación sumaria
El informe, elaborado tras varias reuniones entre Matus y el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, añadió la necesidad de que esta institución castrense instruya una investigación sumaria sobre los hechos, a través de la Comandancia de Personal.
El objetivo de esa pesquisa debiera ser —según el informe de Matus— lograr una adecuada rendición de cuentas, tras años en que los militares dispusieron arbitrariamente de los fondos destinados a pasajes, los que incluso usaron para viajar a Disney y Punta Cana con sus esposas e hijos.
En tribunales, la ministra en visita Romy Rutherford -que indaga este caso- continuó esta semana avanzando en la investigación sobre fraude al fisco en este tema, interrogando al general de ejército Alejandro Villagra, uno de los seis seis miembros del generalato cuyo patrimonio es indagado por la Justicia Militar.
Los hechos ocurren en momentos en que el Ministerio Público solicitó a Carabineros entregar toda la información disponible sobre viajes al extranjero de 130 generales, pagados con fondos públicos.
Asimismo, información entregada por la Fuerza Aérea a Corresponsal confirmó que esta rama de la Defensa duplicó su gastó en viajes y viáticos en la última década. En cifras, los pagos en viáticos a oficiales pasaron de casi $575 millones en 2011, a cerca de $1.024 millones en 2017, en el ítem de comisiones de servicio.
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El gasto total en estas operaciones, en tanto, pasó de $1.910 millones de pesos a $3.092 millones. A estas cifras hay que agregar los desembolsos en dólares.
La Armada, en tanto, se resistió a entregar la información a través de la Ley de Transparencia, pese a ser operaciones financiadas con fondos públicos, alegando que demoraría cinco años en recabarla.
