Nacional
Jueves 11 abril de 2019 | Publicado a las 04:00 · Actualizado a las 07:38
Ejército contrató en 2018 a un abogado integrante de la Suprema para encarar crisis del caso pasajes
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

Jean Pierre Matus, abogado integrante de la Corte Suprema durante 2018 y acad√©mico de la Universidad de Chile, fue contratado como asesor de la Comandancia en Jefe del Ej√©rcito, para encarar la crisis desatada por los millonarios pagos irregulares de pasajes y fletes a generales y coroneles, seg√ļn informaci√≥n recabada por el sitio web de investigaci√≥n period√≠stica Corresponsal.

“Entre mis clientes se encuentra el comandante en jefe del ej√©rcito, a quien asesoro desde fines de octubre de 2018, a honorarios. No asesoro a ning√ļn otro integrante o exintegrante de la instituci√≥n”, confirm√≥ el propio Matus, por correo electr√≥nico.

El jurista, quien descartó que sus honorarios sean financiados con gastos reservados, sostuvo que su apoyo legal se circunscribe solo a la revisión de procedimientos y reglamentos para evitar futuros fraudes.

Lea el documento

No obstante, la propia instituci√≥n entreg√≥ un informe en que Matus analiz√≥ la legalidad de los desv√≠os de fondos p√ļblicos, a trav√©s de la compra de pasajes.

Matus, en todo caso, para el período 2019, renunció a su cargo en el máximo tribunal.

“Justa causa de error”

“Por encargo de la Comandancia en Jefe he revisado el Informe de Investigaci√≥n Especial 01/2018 Secci√≥n Pasajes y Fletes del Comando de Personal del Ej√©rcito”, redact√≥ el miembro de la Corte Suprema en ese escrito.

Matus, quien fuera candidato a decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, concluy√≥ en su informe que “en la medida que no existieren abusos evidentes en el uso de los recursos asignados para las comisiones de servicios”, los militares podr√≠an solicitar devolver los dineros mal habidos a trav√©s de “descuento por planilla o (incluso) una rebaja o condonaci√≥n”.

A juicio del jurista, el Estado puede renunciar a recuperar el dinero eventualmente malversados, debido a que los militares podr√≠an alegar “haber incurrido en una justa causa de error”, debido a que el mal uso de los pasajes era una pr√°ctica habitual.

“Se trata de un error generalizado en la instituci√≥n, lo que deber√≠a tomarse en cuenta al momento de determinar las responsabilidades administrativas”, propuso el entonces miembro de la Corte Suprema.

Investigación sumaria

El informe, elaborado tras varias reuniones entre Matus y el comandante en jefe del Ej√©rcito, Ricardo Mart√≠nez, a√Īadi√≥ la necesidad de que esta instituci√≥n castrense instruya una investigaci√≥n sumaria sobre los hechos, a trav√©s de la Comandancia de Personal.

El objetivo de esa pesquisa debiera ser ‚ÄĒseg√ļn el informe de Matus‚ÄĒ lograr una adecuada rendici√≥n de cuentas, tras a√Īos en que los militares dispusieron arbitrariamente de los fondos destinados a pasajes, los que incluso usaron para viajar a Disney y Punta Cana con sus esposas e hijos.

En tribunales, la ministra en visita Romy Rutherford -que indaga este caso- continuó esta semana avanzando en la investigación sobre fraude al fisco en este tema, interrogando al general de ejército Alejandro Villagra, uno de los seis seis miembros del generalato cuyo patrimonio es indagado por la Justicia Militar.

Los hechos ocurren en momentos en que el Ministerio P√ļblico solicit√≥ a Carabineros entregar toda la informaci√≥n disponible sobre viajes al extranjero de 130 generales, pagados con fondos p√ļblicos.

Asimismo, informaci√≥n entregada por la Fuerza A√©rea a Corresponsal confirm√≥ que esta rama de la Defensa duplic√≥ su gast√≥ en viajes y vi√°ticos en la √ļltima d√©cada. En cifras, los pagos en vi√°ticos a oficiales pasaron de casi $575 millones en 2011, a cerca de $1.024 millones en 2017, en el √≠tem de comisiones de servicio.

Lea el documento

El gasto total en estas operaciones, en tanto, pasó de $1.910 millones de pesos a $3.092 millones. A estas cifras hay que agregar los desembolsos en dólares.

La Armada, en tanto, se resisti√≥ a entregar la informaci√≥n a trav√©s de la Ley de Transparencia, pese a ser operaciones financiadas con fondos p√ļblicos, alegando que demorar√≠a cinco a√Īos en recabarla.

Tendencias Ahora