Diputados de la oposición pidieron la renuncia del superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, luego de que se aumentara el plazo a dos años para que las isapres bajaran las tarifas de los planes de personas que salieron de los tramos de riesgos.
Una decisión que molestó también al oficialismo, donde aseguraron que pedirán antecedentes al Gobierno. Ante las consultas, el ministro de Salud, Emilio Santelices, guardó silencio.
Parlamentarios de forma transversal la vieron como una acción contradictoria del Gobierno. Que mientras se cuestionaba la considerable alza en los planes, la Superintendencia de Salud diera dos años más de plazo para que modifiquen de forma automática los costos de planes de personas que ya salieron de los tramos de riesgos.
Una resolución que salió en octubre y que debía entrar en vigencia en marzo, y a la que las isapres apelaron, obteniendo tiempo hasta 2021 para aplicarlo.
“Considerando el impacto económico que resultará lo instruido, se ha estimado prudente prorrogar la entrada en vigencia de la circular impugnada”, dice el documento de la superintendencia que justifica esta medida.
Esta acción, según la resolución, tiene por objetivo “que las instituciones reguladas puedan preparar y anticipar los efectos de esta instrucción, ajustando sus políticas comerciales o proyecciones de negocio”.
“Es una vergüenza y una traición”
Por esto es que la bancada de diputados socialistas, representados por el parlamentario de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, pidió la renuncia del superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro. Para el diputado, esta medida fue una traición para los usuarios de isapres.
Lo mismo pidió el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien dijo que es injustificable esta determinación, y que a su juicio no va en la línea de lo comprometido por el Gobierno.
Un tema relevante del que no quiso hablar el ministro de Salud, Emilio Santelices.
El exsuperintedente de Salud y académico de la Universidad Central, Sebastián Pavlovic, también criticó la medida y sostuvo que podría aumentar las judicializaciones de casos.
La próxima semana está citado el superintedente a la Comisión de Salud de la Cámara Baja, donde los parlamentarios esperan que explique los argumentos de esta decisión.
